Una diputada local a la que se le vienen complicando las cosas en el juicio civil que emprendió para quedarse con parte de la herencia que dejó la empresaria avícola y porcícola Socorro Romero Sánchez en Tehuacán es Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
La diputada local ha contado con la colaboración de funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial para mantenerse como albacea en el juicio sucesorio intestamentario que promovió en Tehuacán, pese a que legalmente existe un testamento, y también de la Fiscalía General del Estado en la integración de carpetas de investigación y la emisión de posibles órdenes de presentación y aprehensión en contra de sus demandados, Estela Romero y sus hijos Miguel y Alfonso Celis Romero.
Por las prisas que tiene la diputada Romero Garci-Crespo de que el juicio sucesorio intestamentario se resuelva lo antes posible a su favor, las autoridades locales están incurriendo en yerros que no pasarán inadvertidos para la justicia federal que podría conceder amparos a doña Estela Romero y sus hijos, y suspender las órdenes de presentación que se deriven de la carpeta de investigación 003/2020/ de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
