La iniciativa de Reforma Administrativa enviada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo federal el pasado 28 de marzo, de concretarse, sería el más duro golpe a la empresa privada nacional e internacional que gobierno alguno haya impulsado en los últimos años
Dicha iniciativa podría otorgar plena discrecionalidad a funcionarios públicos sobre la revisión, modificación, nulificación y revocación de actos administrativos que a su entender afecten el interés público, general o social, abriendo espacios a la corrupción y quebrantando el estado de Derecho, así como infinidad de tratados internacionales suscritos por nuestro país, particularmente los que son pilares del T-MEC, lo que resultará en daños económicos a la nación sin precedentes.
Desde la COPARMEX CDMX hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores en el Congreso de la Unión a entender que la aprobación de tales reformas no sólo minarán la economía y finanzas de nuestro país, sino que evitarán la llegada a México de grandes capitales de inversión nacional y extranjera por la incertidumbre jurídica que tales modificaciones legales pretenden, anulando la oportunidad de prosperidad que el circunstancial fenómeno del nearshoring nos presenta por nuestra estratégica vecindad con el país más consumidor del planeta.
La serie de reformas que han perjudicado a la seguridad jurídica de las empresas ha desmotivado la Inversión Extranjera Directa y de acuerdo con datos del propio Gobierno Federal, en 2018 se recibieron 4,700 millones de dólares para la generación y distribución de energía eléctrica; el año pasado solamente 820 millones de dólares (menos de la quinta parte).
Igualmente pasa en el sector de extracción de petróleo y gas: en 2018 se recibieron casi 800 millones de dólares, el año pasado solo 190 millones, menos de la cuarta parte. Y en materia de Telecomunicaciones, mientras en 2018 se recibieron 939 millones de dólares, el año pasado ocurrió una desinversión (las empresas sacaron su inversión en el país) de 1, 092 millones de dólares.
La iniciativa presidencial se justifica al señalar que con ella se pretende dotar al sector público de herramientas jurídicas que le permitan actuar oportunamente en la provisión de servicios públicos y resguardar los intereses de la nación. Sin embargo, tal discrecionalidad, abriría la puerta a corrupción y abusos que ya hubo en el pasado cuando se busca reforzar la contratación de bienes y servicios a nivel nacional e internacional, mediante la inclusión obligatoria de la llamada “cláusula exorbitante”, al establecer límites claros para la procedencia y cuantificación de las indemnizaciones que legítimamente procedan, y al permitir la adquisición de bienes en el mercado internacional cuando éste ofrezca mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el estado, entre otras modificaciones planteadas.
La iniciativa establece una alta discrecionalidad en la interpretación de conceptos como “utilidad pública”, “causas de interés público” “urgencia”, “interés público”, “seguridad nacional”, “hecho superveniente” “perjuicio o lesión al interés general o social”, entre otros más, que pueden generar incertidumbre jurídica para el sector privado del país.
La “cláusula exorbitante”, por la que existiría el riesgo latente de una terminación anticipada de los contratos por “causas de interés público”, además de otros actos como establecer como causales de procedencia la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, o establecer límites a los montos de las indemnizaciones, pone la alerta sobre la posibilidad de una andanada expropiatoria que prácticamente paralizaría la actividad productiva y económica de México y lesionaría gravemente la economía de los mexicanos.
Los daños de la “cláusula exorbitante” para la Ciudad de México serían más que en las industrias, en los servicios financieros, puesto que, en los últimos cinco años, de cada dos dólares invertidos en el país en el sector, uno se queda en la Ciudad de México. En cambio, de las inversiones en manufacturas de los últimos cinco años, de cada 10 dólares invertidos en el país, apenas un dólar se queda en la Ciudad de México.
Debe entenderse que estas inversiones generan empleos, pagan impuestos y cohesionan a la sociedad en un esquema de libertad económica y estado de Derecho y que, desalentarla con políticas equivocadas traería más daños que los ocasionados por la reciente pandemia de Covid19.
Es preciso recordar, con base a nuestra historia moderna, que cuando el gobierno ha buscado suplir a la iniciativa privada y atacar la libertad de emprender, México se vio hundido, ya sea en la bancarrota o en las peores crisis que se tengan precedente.
COPARMEX CDMX se mantendrá vigilante de este proceso legislativo e iniciará mecanismos de acercamiento con la ciudadanía para informar de las consecuencias tan dañinas para la prosperidad de las familias mexicanas y capitalinas en particular, de darse la aprobación de la señalada iniciativa.
