Con el objetivo de incluir a los prestadores de servicios de Internet entre los sujetos obligados a atender mandamientos judiciales o administrativos, el diputado Javier López Casarín (PVEM), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Plantea modificar el artículo 189 a fin de señalar que “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones, contenidos y prestadores de servicios de Internet, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes’”.
También propone agregar el párrafo ll Bis al Artículo 190 de dicha ley, “para establecer a los a proveedores de servicios de Internet la obligación de conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen a través de cualquier tipo de línea. Éstos deberán conservarse durante 12 meses en sistemas que permitan su consulta en tiempo real, por parte de las autoridades competentes. Después de ese plazo, los datos podrán resguardarse en sistemas de almacenamiento electrónico durante 12 meses. En este caso, los proveedores tendrán hasta 48 horas para proporcionar la información solicitada, a partir de su notificación”.
El proyecto indica que, además de detallar el tipo de datos que se requieren, se pide garantizar su conservación, cuidado, no manipulación ni acceso ilícito, así como apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Destaca que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene diversos preceptos prescriptivos en materia de seguridad y justicia, pero no contempla entre los sujetos obligados, a los prestadores de servicios de acceso a Internet, lo cual, indica el documento, problematiza el flujo de información que se les requiere por parte de las autoridades competentes.
Con esta reforma, añade, se busca subsanar ese vacío y coadyuvar con las autoridades competentes en el combate a los delitos que se realizan a través de las plataformas digitales, o aquellos que aprovechan la Internet para engañar y atentar contra la integridad de las personas.
Concluye que los ciberdelincuentes “intentan apropiarse del ciberespacio para instaurar nuevas modalidades de cometer conductas delictivas, por lo que se requiere regular los deberes de los prestadores del servicio de acceso de Internet, en materia de procuración de justicia y seguridad pública”.
