Este sexenio «ha sido violento», con 92 asesinatos de defensores de derechos humanos en México, aunado al alza de agresiones y el no reconocimiento de su labor, señaló este viernes la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ (Red TDT).
La organización, que presentó un análisis sobre el cumplimiento de los derechos humanos en México, expuso que en el periodo que se extiende del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023, se documentaron estas ejecuciones extrajudiciales de autoridades contra defensores de derechos humanos.
Estos actos, dice el informe, “fueron perpetrados por motivos políticos, es decir, como represalia por la defensa o el ejercicio de algún derecho humano”, en los que los responsables fueron agentes del Estado de los tres niveles.
El balance destacó que las desapariciones y homicidios en México han sido “una grave problemática” en el país.
El documento presentado por la Red TDT, integrada por 87 organizaciones en 23 estados del país, refirió que los homicidios durante la gestión de López Obrador no han cesado y hay una mayor presencia de diversos grupos del crimen organizado.
Señaló además que Guerrero, Chiapas y Veracruz son estados donde ha incrementado la presencia de grupos criminales y la violencia se ha recrudecido.
El documento matizó que entre 2018 y 2024 la libertad de expresión y el derecho a la protesta “han sido objeto de debate y controversia en México, no se han registrado restricciones significativas a la libertad de expresión y el derecho a la protesta en comparación con sexenios anteriores”.
No obstante, denunciaron restricciones a la libertad de expresión y la represión a manifestantes que se oponen a políticas del Gobierno.
También, señalaron que el presidente ha acusado a organizaciones civiles de manipular investigaciones, dar datos erróneos y, con ello, deslegitima la labor de defensa de los derechos humanos.
En movilidad humana, la Red subrayó dos tendencias principales: la gentrificación, que desplaza a la población local por el aumento del costo de vida, y la migración interna e internacional, “con México sirviendo como una ruta peligrosa para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos”.
El desplazamiento forzado, apuntó, ha afectado principalmente a comunidades indígenas, miembros de asambleas comunitarias y defensores del agua y del territorio, a quienes han perseguido políticamente y desplazado de sus hogares.
Aunado a ello, denunció la militarización, que ha tenido «consecuencias importantes» para la seguridad, los derechos humanos y la democracia.
También expuso cómo organismos nacionales, internacionales e, incluso, gubernamentales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han padecido tensiones políticas y sociales.
Finalmente, acusó al Gobierno de incumplir en la erradicación de la corrupción y la impunidad, en el respeto a los derechos humanos y la atención a casos de desaparición forzada, en el derecho a la salud y en disminuir los homicidios, entre otros temas.
