La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el sacrificio de un jaguar en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Este acto, que se dio a conocer a través de redes sociales, generó un fuerte rechazo entre activistas y especialistas en conservación.
El 11 de octubre, miembros de la Fundación “Lucio Vive” informaron que un jaguar fue sacrificado en la localidad de Río Chiquito.
Se argumentó que el felino representaba un peligro para el ganado de los habitantes de la zona, sin embargo, el usuario de Facebook Cuauhtémoc Contreras Javier subrayó que este tipo de incidentes deben generar una mayor indignación en la población, advirtiendo sobre el grave daño que estas acciones causan al ecosistema.
De acuerdo con la información proporcionada por Wild Felids Conservation, en 2023 se estimaba que existían 113 jaguares en Guerrero.
Contreras Javier recordó que estos animales son territoriales y requieren un área aproximada de 100 kilómetros cuadrados para sobrevivir.
La reducción de su hábitat natural, junto con la disminución de sus presas, a menudo lleva a los jaguares a acercarse a las poblaciones en busca de alimento, generando conflictos con los ganaderos.
Consecuencias de la caza de jaguares
Profepa destacó que la caza de jaguares no solo pone en riesgo a esta especie en peligro de extinción, sino que también permite que otras especies silvestres se reproduzcan sin control, lo que puede resultar en plagas para los cultivos.
La dependencia ambiental enfatizó que no existen registros de ataques de jaguares a seres humanos en México, y lamentó que muchos mitos y leyendas rodeen a estos felinos, alimentando así su persecución.
El jaguar (Panthera onca) está alistado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como una especie en peligro de extinción y se encuentra en el Apéndice I de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).
De acuerdo con el artículo 420 fracción IV del Código Penal Federal, las penas para quienes dan o trafiquen con especies protegidas oscilan entre 1 y 9 años de prisión, además de multas económicas.
La Profepa reafirmó su compromiso de no permitir la impunidad en este caso y subrayó que la persona responsable de este acto podría enfrentar una condena de hasta 9 años de prisión.
