Cuando los residentes de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México el próximo mes, Leopoldo Chávez aparecerá en la papeleta como candidato a juez federal, pese a que cumplió casi seis años en una prisión de Estados Unidos.
Un tribunal lo condenó por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. Durango pertenece al Triángulo Dorado mexicano, una región bajo control de cárteles donde se cultivan marihuana y amapola.
«Nunca me vendí como el candidato perfecto», dijo Chávez en un video publicado en Facebook. Afirmó que no ocultaba nada y que ya cumplió su condena. Rechazó dar declaraciones a Reuters.
En Jalisco, Francisco Hernández busca ser magistrado penal. Su última función como juez terminó con su destitución por parte del Consejo de la Judicatura Federal, tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción.
Aseguró a Reuters que las acusaciones eran “calumnias y difamaciones”. “Que me juzgue el pueblo”, dijo.
En Nuevo León, Fernando Escamilla quiere asumir el cargo de juez federal penal. Asegura que su trabajo legal como asesor de abogados de miembros del cártel de Los Zetas no debe pesar en su contra. Según sus palabras, su conocimiento en derecho de extradición lo convirtió en un activo valioso.
“¿Asesorar en derecho internacional o extradición genera mala fama? Considero que no”, expresó. “Eso demuestra que tengo la capacidad y el conocimiento para abordar ese tipo de situaciones”, agregó.
A pocos días de las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y legisladores advierten sobre riesgos para el estado de derecho.
La reforma judicial, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca erradicar la corrupción del sistema judicial mexicano y permitir que el pueblo elija a sus jueces.
candidatos elección judicial
Unos 5,000 candidatos compiten por más de 840 cargos federales, incluyendo todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Sin embargo, la organización Defensorxs ha identificado a unas veinte personas con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos con el crimen organizado. Entre ellas figura una abogada que representó al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El Observatorio Electoral Judicial (OEJ), compuesto por organizaciones sin fines de lucro, también identificó a más de 130 candidatos con alta probabilidad de ganar sin oposición y criticó la complejidad de las papeletas, que presentan cientos de nombres y generan confusión.
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Aprobada en septiembre de 2024, la reforma recibió críticas del entonces embajador estadounidense Ken Salazar, quien la calificó como una amenaza para la democracia en México.
Los críticos alertan que la reforma puede eliminar contrapesos al partido gobernante Morena y facilitar el control del sistema judicial por parte del crimen organizado.
La reforma reduce de 11 a 9 el número de ministros en la SCJ, limita sus mandatos a 12 años, elimina el requisito de una edad mínima de 35 años y reduce de diez a cinco años la experiencia jurídica requerida.
También elimina beneficios laborales y crea un tribunal disciplinario de cinco miembros, considerado insuficiente para supervisar un poder judicial con 50,000 integrantes.
Miguel Meza, presidente de Defensorxs, sostuvo que los candidatos señalados revelan fallas graves en el sistema de verificación de antecedentes del Gobierno, que debería confirmar requisitos como ciudadanía mexicana, título en Derecho, buena reputación y ausencia de delitos graves.
Según Meza, su organización revisa la lista de candidatos y detecta más casos preocupantes aún no publicados.
Explicó que los aspirantes a jueces no pasaron por investigaciones para determinar si recibieron condenas en el extranjero o a quién representaron legalmente. Atribuyó el problema a la rapidez con que se organizó la elección.
“Todo esto es consecuencia de aprobar la reforma al vapor”, dijo.
La oficina de Sheinbaum y el poder judicial federal no respondieron a solicitudes de comentarios.
El Gobierno y la autoridad electoral señalaron que ya no pueden modificar las candidaturas antes de la elección. Los candidatos electos deberán ser destituidos después, si no cumplen con los requisitos.
La asociación de jueces JUFED afirmó que la lista de candidatos cuestionados confirma que la reforma pone en riesgo la independencia judicial.
“Esto es peligroso”, afirmó Juana Fuentes, directora nacional de JUFED. “Existe un grave riesgo de que intereses delincuenciales o personas vinculadas a ellos participen”, advirtió.
La mayoría de los ministros de la SCJ anunciaron que no participarán y que presentarán su renuncia.
Los candidatos no pueden usar material de campaña con vínculos partidistas, asistir a eventos organizados por partidos ni aceptar donaciones.
