- La ICC México presenta 14 recomendaciones clave para una ley moderna, eficaz y alineada con estándares internacionales
La International Chamber of Commerce México (ICC México) reconoce que las iniciativas actualmente en discusión en el Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal de Competencia Económica avanzan en una dirección correcta; no obstante, identifica importantes áreas de oportunidad que, de ser atendidas, podrían robustecer aún más el marco institucional de competencia en México y aprovechar esta oportunidad histórica para fortalecer al país.
Entre los hallazgos más relevantes del Foro convocado por la ICC México el pasado 29 de mayo, destacan 14 recomendaciones clave y, en este sentido, el capítulo mexicano de la organización mundial de las empresas expresa su plena disposición para colaborar técnicamente con las y los legisladores, con el fin de enriquecer la deliberación parlamentaria y lograr una legislación moderna, eficaz y alineada con las mejores prácticas internacionales.
El foro fue convocado por la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, presidida por el Miguel Flores Bernés, y contó con la participación de destacados abogados y economistas expertos en la materia, entre quienes figuró la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Andrea Marván, quien además de realizar la inauguración del evento, subrayó la relevancia de escuchar al sector técnico y académico para fortalecer los procesos legislativos.
Las iniciativas analizadas incluyen la propuesta enviada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como otras iniciativas promovidas por legisladores y, todas ellas, comparten el objetivo de mejorar el sistema de competencia en México mediante la creación de una nueva autoridad con facultades más claras, procesos más ágiles y una estructura más sólida.
Principales conclusiones del foro
Los especialistas coincidieron en que las reformas proponen avances sustantivos como:
- Fortalecimiento de la independencia técnica de la autoridad de competencia.
- Creación de un órgano colegiado con separación de funciones entre investigación y resolución.
- Reducción de plazos para mayor eficacia procesal.
- Alineación de sanciones con estándares internacionales.
Sin embargo, también señalaron 14 áreas prioritarias de mejora como son:
- Blindaje de la autonomía técnica, evitando interferencias políticas o empresariales.
- Nombramientos escalonados de comisionados cada dos años, con perfiles técnicos, designados por diferentes titulares del Ejecutivo.
- Inclusión de empresas públicas bajo el marco legal, para evitar distorsiones competitivas.
- Certeza jurídica mediante criterios interpretativos emitidos por la nueva autoridad.
- Multas con criterios sectorizados y transparentes, siguiendo experiencias internacionales.
- Aprovechamiento del capital humano especializado de la COFECE e IFT.
- Mejor coordinación interinstitucional, especialmente en telecomunicaciones y transformación digital.
- Precauciones en demandas por daños, evitando que se basen solo en decisiones administrativas.
- Claridad conceptual, especialmente en términos como “competidor potencial” o “limitar indebidamente”.
- Renovación del programa de inmunidad, especialmente en compras públicas.
- Extensión del privilegio abogado-cliente a abogados internos.
- Certificación independiente de programas de cumplimiento, fuera del área de investigación.
- Mejor diseño de medidas cautelares, con posibilidad de levantamiento bajo caución.
- Transitorios redactados con claridad, para evitar incertidumbre legal y operativa.
La ICC México reitera su vocación como espacio técnico y plural para el análisis riguroso de políticas públicas que inciden en la vida económica del país, por lo cual hace un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para abrir espacios de diálogo con organizaciones especializadas y aprovechar el conocimiento acumulado en materia de competencia económica.
México se encuentra ante una oportunidad histórica de fortalecer su entorno regulatorio para estimular la inversión, proteger a los consumidores y garantizar un campo parejo para todas y todos los participantes del mercado.
