El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) propuso modificar el artículo 18 de la Ley General de Víctimas para establecer que corresponde a las entidades federativas impulsar la creación de centros comunitarios de prevención y atención integral a la violencia, los cuales deberán brindar atención psicológica, médica y social, asesoría legal, así como la impartición de programas a víctimas.
La reforma a la fracción VIII del Capítulo III “De las Entidades Federativas” de la Ley señala que estos centros deben integrar acciones de prevención, atención a víctimas y coordinación entre autoridades. Su finalidad es prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En su exposición de motivos, la iniciativa enviada a la Comisión de Justicia indica que la violencia en México continúa afectando de manera profunda la integridad, estabilidad y desarrollo de miles de familias y a pesar de los avances normativos en materia de protección a víctimas persiste una brecha considerable entre lo que la ley establece y la atención real que reciben las personas afectadas.
Asimismo, la falta de espacios cercanos, accesibles y multidisciplinarios de atención limita la capacidad del Estado para prevenir la violencia y acompañar de manera integral a quienes la padecen.
Aclara que la Ley General de Víctimas reconoce el derecho de toda persona a recibir atención oportuna, digna y efectiva; sin embargo, en muchas comunidades el acceso a servicios psicológicos, médicos, sociales y jurídicos es insuficiente o inexistente, situación que no solo perpetúa ciclos de violencia, sino que coloca a las víctimas en un estado de vulnerabilidad prolongada.
Por ello, considera necesario crear estos centros comunitarios de prevención y atención integral a la violencia, concebidos como espacios seguros y de proximidad social que brinden acompañamiento profesional, orientación jurídica y apoyo psicológico y médico, así como programas de prevención focalizados en las necesidades de cada comunidad.
Asegura que estos centros fortalecerán el tejido social, ampliarán la capacidad institucional de respuesta y permitirán dar cumplimiento efectivo al mandato de la Ley General de Víctimas.
El diputado Sánchez Rodríguez señala que su iniciativa busca garantizar que el Estado cumpla su obligación de proteger y restituir los derechos de las víctimas, pero además cerrar brechas territoriales y asegurar servicios integrales que contribuyan a disminuir la incidencia de violencia y a promover comunidades más seguras, informadas y resilientes.
Menciona que la propuesta se sustenta en los principios y derechos consagrados en la Constitución Política donde se señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, subraya.
