Las calles del centro de Guadalajara volvieron a ser escenario de manifestaciones contra el aumento a la tarifa del transporte público y el modelo de cobro que condiciona el subsidio al uso de la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, operada por Servicios Broxel. La movilización del fin de semana se suma a una serie de protestas registradas desde el inicio de enero.
Con esta acción, ya son siete las concentraciones ciudadanas realizadas en el mes para rechazar el ajuste al pasaje, que pasará de 9.50 a 14 pesos a partir de abril. Durante el recorrido, los participantes realizaron mítines y expresaron su rechazo al esquema que establece una tarifa diferenciada según el medio de pago.
El modelo contempla un cobro de 14 pesos en efectivo, mientras que quienes utilicen la Tarjeta Única podrán pagar 11 pesos por viaje. En el caso de estudiantes, la tarifa será de 5 pesos, también condicionada al registro en el mismo sistema, de acuerdo con lo publicado el 27 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado.
En los actos públicos, algunos manifestantes llamaron a no tramitar la tarjeta vinculada a Broxel y plantearon preocupaciones por el uso de datos personales y biométricos como requisito para acceder al subsidio. “Nos están obligando a aceptar una tarjeta privada para poder pagar menos, cuando el transporte es un servicio público”, expresó uno de los asistentes.
Las movilizaciones coincidieron con el avance de un recurso ciudadano contra el aumento. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco habilitó la plataforma “¡Fírmale!” para impulsar un referéndum. Hasta el 22 de enero, el registro digital acumuló más de 14 mil 600 firmas, cifra superior al 300% de las necesarias, además de apoyos entregados en formato físico.
El esquema de pago incorpora a Servicios Broxel, una sociedad financiera popular que en 2020 fue amonestada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplir disposiciones contra el lavado de dinero. La empresa mantiene un contrato con el gobierno estatal con vigencia hasta 2030.
Dicho acuerdo prevé un pago mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa, con un límite de hasta cinco millones de plásticos, lo que podría representar más de 300 millones de pesos anuales. El contrato también obliga al gobierno a cubrir al menos 40% de las tarjetas, aun sin uso, lo que garantiza ingresos mínimos cercanos a 11 millones de pesos mensuales.
Los organizadores informaron que las protestas continuarán en las próximas semanas y que no se descartan otras vías legales para impugnar el aumento y el esquema de cobro asociado a la Tarjeta Única.
