El coordinador de la campaña presidencial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la localidad colombiana de Cubarral, Roger Mauricio Devia Escobar, fue asesinado a tiros, lo que elevó este sábado la preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos a dos semanas de las elecciones del 31 de mayo.
Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, fue asesinado el viernes por la noche junto con Fabián Cardona, exsecretario de gobierno de ese municipio.
«Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política», dijo en su cuenta de X (antes Twitter) el gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán.
Según Beltrán, la víctima estuvo ayer en Villavicencio, capital del Meta, recogiendo material de la campaña «y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos».
De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, que lidera el candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 12 mil dólares) por información que permita capturar a los responsables del asesinato del exalcalde.
Por su parte, la Procuraduría (Ministerio Público) rechazó este sábado «de manera contundente el asesinato» de Devia e hizo «un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de todos los actores políticos en el marco del proceso electoral».
Este asesinato se suma al de Mileidy Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), quien fue atacada por sicarios el pasado 7 de mayo.
La concejala, militante del partido opositor Centro Democrático, había denunciado amenazas en años anteriores, según medios locales.
Tras ese homicidio, la Procuraduría también pidió celeridad en las investigaciones y dirigentes políticos denunciaron falta de garantías de seguridad para líderes regionales y miembros de partidos de oposición.
