El gobernador de Samuel García anunció una serie de cambios en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado con el nombramiento de nuevos funcionarios en áreas estratégicas de la dependencia, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el manejo de los recursos provenientes del llamado impuesto verde y las críticas del sector empresarial por su impacto en la actividad económica.
De acuerdo con el gobierno estatal, los movimientos forman parte de una reestructuración administrativa orientada a fortalecer la gestión de las finanzas públicas y mejorar la operación de la dependencia.
Los cambios incluyen la designación de Carlos Contreras Segovia como nuevo titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, cargo al que llega tras desempeñarse como subsecretario de Administración Tributaria. En su lugar fue nombrado Fernando Javier Villarreal Caballero, quien se desempeñaba como director de Patrimonio y ahora asumirá la Subsecretaría de Administración Tributaria.
Por su parte, Ulises Carlín de la Fuente permanecerá como encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en tanto se define la titularidad de la dependencia.
Sin embargo, los cambios ocurren mientras persisten dudas sobre el destino del impuesto verde, gravamen implementado por la administración estatal a empresas con emisiones contaminantes y a la extracción de materiales pétreos. Aunque el Ejecutivo ha sostenido que los recursos serían destinados a proyectos ambientales y de infraestructura, hasta el momento no existe un desglose público que permita conocer con precisión el monto recaudado, las obras financiadas ni los resultados obtenidos. Para representantes del sector privado, el mensaje del gobierno ha privilegiado la recaudación y el endurecimiento de las cargas fiscales por encima de la generación de incentivos que impulsen nuevas inversiones y fortalezcan la competitividad del estado.
La falta de claridad ha sido señalada en diversas ocasiones por organismos empresariales, que además sostienen que el impuesto ha incrementado los costos de producción, particularmente en la industria de la construcción.
De acuerdo con cifras del Inegi, el valor de la construcción en Nuevo León registró una caída anual real de 2.3% durante el primer cuatrimestre de 2026, mientras que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Canadevi y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (Caprobi) atribuyen parte del deterioro al exceso de trámites estatales y municipales, así como al gravamen aplicado a las pedreras, que ha encarecido los materiales de construcción.
Los nuevos nombramientos se suman a otros ajustes realizados por la administración de Samuel García en distintas dependencias durante los últimos meses, mientras el debate sobre la transparencia en el manejo del impuesto verde y la necesidad de una política que combine disciplina fiscal con incentivos a la inversión continúa abierto entre el gobierno y la iniciativa privada.
