- La exsecretaria de Salud sostiene que el mandatario panista se reservó el control de proveedores y contratos con relevancia económica y política.
- Denunciada por operaciones realizadas durante aquel sexenio, afirma que no pretende evadir responsabilidades, pero exige que la investigación llegue hasta quien daba las instrucciones.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.— Después de haber formado parte durante cinco años del gabinete de Francisco García Cabeza de Vaca, Gloria de Jesús Molina Gamboa rompió el silencio y señaló al exgobernador como responsable de las instrucciones para entregar contratos a compañías vinculadas con Sergio Carmona Angulo.
La exsecretaria de Salud decidió hablar mientras enfrenta denuncias penales derivadas de contrataciones realizadas durante la administración estatal 2016-2022.
Su señalamiento modifica el foco de las responsabilidades: Molina sostiene que las decisiones relevantes sobre proveedores no eran tomadas exclusivamente dentro de la Secretaría de Salud, sino que respondían a instrucciones provenientes del entonces titular del Ejecutivo.
“Al asumir el cargo, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estableció con claridad una separación de funciones. Yo me encargaría de los asuntos técnicos y operativos de la secretaría y él se encargaría de controlar toda la proveeduría y los contratos con interés económico o político relevante a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.”
Molina identificó concretamente a Grupo Industrial Permart y Joser como beneficiarias de las instrucciones que atribuye a Cabeza de Vaca.
“Durante mi gestión recibí indicaciones directas del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para adjudicar contratos de obra y servicios a las empresas del Grupo Industrial Permart y Joser por compromisos económicos y políticos.”
Ambas compañías han sido vinculadas con Sergio Carmona Angulo. La exfuncionaria afirmó además que Alejandro Aguilar Pogner, entonces subsecretario de Administración y Finanzas, conocía y supervisaba el cumplimiento de las indicaciones.
La declaración se produce cuando Molina figura entre los exservidores públicos denunciados por operaciones efectuadas durante aquel gobierno.
Lejos de declararse ajena a los procedimientos, la exsecretaria afirmó que asumirá lo que legalmente le corresponda, pero reclamó que la investigación no termine en los niveles inferiores de la estructura administrativa.
“No hago esto para evadir mis obligaciones, pues asumo la responsabilidad que corresponda. Sin embargo, no es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la Administración estatal.”
Después de más de 35 años de servicio público, Molina pidió a las autoridades reconstruir la cadena completa de mando.
Su declaración coloca así una pregunta en el centro del expediente: si las adjudicaciones investigadas obedecieron, como sostiene, a órdenes superiores, las pesquisas deberán determinar quién tomó realmente las decisiones y con qué propósito.
