Especialistas y reguladores advirtieron que la percepción pública no puede estar por encima de la evidencia técnico-científica durante el Foro organizado por la Universidad La Salle y la ANFPA
Con un llamado urgente a cerrar la brecha entre la evaluación científica y la percepción del consumidor, se llevó a cabo el Foro Aditivos Alimentarios: Ciencia, salud y regulación en la era de la desinformación, organizado por la Universidad La Salle y la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos (ANFPA).
Durante el encuentro, especialistas en toxicología, ciencia de los alimentos, nutrición clínica y regulación abordaron la realidad de una industria donde, de acuerdo con datos citados de PubMed Central, más de 75% de los productos envasados en América Latina contiene al menos un aditivo, 64% incluye dos o más y 1 de cada 10 productos integra 10 o más sustancias en su formulación.
Frente a tendencias como el clean label —orientada al uso de ingredientes naturales, simples y reconocibles—, así como las advertencias de organismos como la Organización Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), los ponentes coincidieron en que clasificar los aditivos como «buenos» o «malos» responde más al ruido mediático que al rigor técnico-científico de agencias evaluadoras como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) o el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA, por sus siglas en inglés).
Sobre la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, la Q.A. María Teresa Sosa Reyes, consultora en regulación de alimentos y calidad de la Organización Internacional de la Industria del Sabor (IOFI), subrayó: «No puede existir regulación si no tenemos la información. Necesitamos consolidar un sistema de colaboración donde la autoridad reguladora, la evidencia científica y la industria interactúen y se nutran mutuamente de forma clara, sin perder sus respectivas responsabilidades. La parte científica genera la evidencia que nutre a la autoridad para tomar decisiones adecuadas, mientras que la industria aporta datos y casos prácticos clave para la evaluación de riesgos. Esta interacción entre los tres elementos es lo que nos permite mantener una regulación proporcionada y generar mejores decisiones basadas en evidencia».
Academia, salud e innovación
Durante el foro, la Dra. Carmen Ruiz Monroy y la Mtra. Adriana Quintero profundización en la importancia de tender puentes entre la ciencia de los alimentos y la nutrición clínica. Asimismo, la Mtra. María Lorena Cassis, jefa de la carrera de Química de Alimentos de La Salle, enfatizó el valor de la formación y la divulgación objetiva: «La ciencia de los alimentos debe ser la brújula con la que evaluemos la inocuidad y la conservación de lo que consumimos. Los aditivos no son enemigos de la salud; son herramientas tecnológicas fundamentales que garantizan la seguridad alimentaria y la disponibilidad de productos en el mercado, siempre que su uso esté respaldado por evidencia y una evaluación rigurosa».
Perspectiva regulatoria y del sector productivo
Por parte del regulador federal, la Mtra. María Esther Díaz Carrillo, Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), destacó la responsabilidad con la que se atienden las actualizaciones normativas en el país: «La industria alimentaria mexicana es de las más dinámicas y comprometidas; ante las nuevas exigencias regulatorias y las tendencias de consumo, no se detiene: investiga, reformula y desarrolla productos innovadores todos los días. La reciente actualización de la normatividad de aditivos –como el caso de la eritrosina– es prueba de ello: un proceso serio de manejo de riesgos donde la industria formal no solo aportó la información de uso real en el mercado, sino que asumió con total responsabilidad los plazos de transición para garantizar productos seguros y de calidad para la población».
El foro concluyó con una mesa redonda tripartita –público, privado y academia– moderada por la periodista Maribel Ramírez Coronel, donde se enfatizó que combatir la desinformación es un compromiso compartido para salvaguardar la salud pública sin frenar el desarrollo tecnológico de los alimentos.
