Luis Miranda Contreras, ex secretario de Finanzas y Administración (SFA) en el gobierno del priista Fausto Vallejo Figueroa (2012-2014), fue detenido por fuerzas federales con tres integrantes de su familia y un escolta, acusados de encabezar una red de extorsión y suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación y del gobierno del Estado de México.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Miranda fue detenido en una residencia ubicada al interior del exclusivo fraccionamiento “La Providencia” en el municipio de Metepec, Estado de México, junto con su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel «N» y Aimee de Guadalupe “N”, así como con su escolta Agustín Arturo “N”.
El detenido fungió como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán del 2012 al 2013, además desempeñó cargos dentro de la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, lo que le permitió conocer de primera mano estructuras político-administrativas, tanto de Michoacán, de otras entidades y del gobierno federal.
Actos de investigación de la Fiscalía del Estado de México permitieron identificar el modus operandi de Luis Miranda y sus supuestos cómplices, el cual se basaba en generar certeza y credibilidad ante sus víctimas –políticos, funcionarios públicos o empresarios–, al contactarlas a través de mensajes de texto o llamadas a sus números telefónicos personales, los cuales previamente habían obtenido por medio de la intrincada red de relaciones personales construida a lo largo de los años como resultado de sus antecedentes en el servicio público.
Durante la interacción con sus víctimas obtenían información sensible como datos confidenciales personales, de las dependencias a su cargo o de otros funcionarios, así como relacionados con la operación política o económica, mismos que posteriormente utilizaban para suplantarlas y llevar a cabo sus actividades extorsivas.
Para acceder a la información y “generar confianza”, recurrentemente se hacían pasar por secretarios particulares de algún funcionario o actor político-económico de alto nivel, con el propósito de actualizar agendas o gestionar una comunicación con mensajes como “mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”.
En un segundo momento, las víctimas eran contactadas por el supuesto funcionario de alto nivel, quien les refería “tener instrucciones superiores para pedirles su apoyo”, el cual consistía en numerario para “la operación política o agilizar pagos”, “la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas” o incluso “recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral”.
Incluso, para robustecer el engaño utilizaban “IA” (inteligencia artificial) para imitar la voz de los actores políticos o económicos a quienes suplantaban y creaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios, a través de mensajes de texto o voz en conversaciones que después eran compartidas a sus víctimas.
Como ejemplo de estas interacciones, se cuenta con una conversación del primer contacto de los investigados con representantes de una relevante empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad, a la que pretendieron engañar con el ofrecimiento de un contrato a cambio de una importante cantidad de numerario.
Toda vez que el investigado Luis Miranda se encuentra “boletinado” en el sistema bancario mexicano como consecuencia de su actividad delictiva previa, las exigencias económicas le debían ser entregadas en efectivo y cuando requería que el recurso se “bancarizara” utilizaba una moral dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija Aimee “N”. Parte de esos recursos ilícitos fueron utilizados para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
Los actos de investigación acotaron su zona de operación a un inmueble dentro del fraccionamiento antes referido, donde a través de técnica de investigación de cateo se localizaron diversos equipos telefónicos que los detenidos intentaron ocultar durante la diligencia, así como múltiples tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama. Los indicios fueron asegurados por la Fiscalía del Estado de México.
Las indagatorias también establecieron que, para realizar las llamadas telefónicas y el envío de mensajes, utilizaron al menos 19 dispositivos móviles tipo iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, entre otros; los cuales presentan registros de haber sido utilizados con las tarjetas SIM aseguradas y guardan correspondencia con los números reportados por algunas de las víctimas.
La Fiscalía del Estado de México logró establecer en grado de probabilidad que tanto Luis “N”, así como Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Gudalupe “N” y Agustín Arturo “N”, participaron en estos actos extorsivos mediante la suplantación de identidad, por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial del Estado de México, quien, el pasado 6 de octubre los vinculó a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de extorsión.
Luis Miranda fue detenido en 2017 por peculado
El 20 de octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), detuvo a Luis Miranda por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, por un monto de 26 millones 680 mil pesos, por concepto de dos pagos a proveedores que los que no existe información sobre el cumplimiento de los servicios contratados relacionados con asesoría contable y gestoría administrativa.
«De acuerdo con elementos que integran la Averiguación Previa, durante el periodo que comprende del 1 de marzo al 31 de agosto de 2012, Luis M. presuntamente efectuó pagos a dos proveedores por 26 millones 680 mil pesos; una vez que se llevaron a cabo las indagatorias, se detectó que no se cumplió con los servicios contratados. Durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada se estableció en el primero de los casos que el inculpado habría realizado un pago por 15 millones 80 mil pesos a un proveedor por concepto de servicio de asesoría contable y gestión administrativa y financiera», boletinó en ese entonces la PGJE.
Luis Miranda fue internado en el Centro de Readaptación Social (CERESO) «David Franco Rodríguez», en el municipio de Charo, pero en el mismo mes de octubre del 2017 un juez le permitió enfrentar el proceso en libertad al pagar una fianza de 53 millones 420 mil 690 pesos, mediante la afianzadora Sofimex S.A.
