- Denuncian una red de violencias, impunidad y hostigamiento sistemático que inició tras un servicio notarial.
- Romero Cortés expuso que su caso representa una violación consuetudinaria a los Derechos Humanos de las mujeres en el ejercicio de la función pública impulsada desde la administración pública federal y local.
- El caso ha cobrado relevancia jurídica debido a que se alinea con los mandatos vigentes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) impuso al Estado Mexicano.
Puebla, Puebla, a 18 de noviembre de 2026.- La notaria Norma Romero Cortés, titular de la Notaría Pública Número 4 del Distrito Judicial de Puebla, denunció ser víctima de una campaña continuada de violencia de género, hostigamiento y arbitrariedades institucionales, la cual inclusive ha escalado a la violencia física. Romero Cortés señala directamente al exdelegado regional del Infonavit en Puebla, Tony Kuri Alam, de encabezar estas acciones ilegales, las cuales —afirma— se han prolongado mediante pactos de ocultamiento e impunidad dentro del sistema gubernamental y de justicia.

Romero Cortés expuso que su caso representa una violación consuetudinaria a los Derechos Humanos de las mujeres en el ejercicio de la función pública. Argumentó que el acoso y los ataques sistemáticos no solo destruyeron su proyecto de vida, sino que visibilizan la vulnerabilidad de las mujeres frente a redes de poder masculino arraigadas en la administración pública.

Ante la dilación e indiferencia del INFOANVIT y los magistrados federales la defensa de la notaria plantea la necesidad de una “facultad de atracción“ por parte de la matriz de justicia de la Nación para que el caso de juzgue con perspectiva de género. El objetivo es que atraigan el expediente e implementen criterios novedosos orientados a construir una verdadera igualdad sustantiva frente al acoso y la violencia institucional basada en el género.

El caso ha cobrado relevancia jurídica debido a que se alinea con los mandatos vigentes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) impuso al Estado Mexicano para garantizar y expandir la protección de los derechos de las mujeres.

La representación de Romero Cortés enfatizó que el mandato de prevención por parte del Estado debe ser definitivo y urgente, ante el riesgo latente y las posibles consecuencias fatales para la vida e integridad de la fedataria. Asimismo, hicieron un llamado a frenar las presuntas campañas de tortura y hostigamiento impulsadas por funcionarios que obstaculizan la justicia e ignoran los principios de equidad.
La batalla legal de Norma Romero Cortés, contra la violencia institucional y de género, busca ser atraída por el máximo tribunal del país. Ante la solicitud del expediente por parte del INFONAVIT la cual se radica en el expediente de atracción 1421/2026, un grupo de mujeres defensoras de derechos humanos presentó a la Corte información que sustenta y muestra que el caso debe ser estudiado con perspectiva de género y Derechos Humanos. Argumentando la existencia de un patrón endémico de hostigamiento operado desde la administración pública y mediante una red de tráfico de influencias coordinada por la familia Kuri Carballo, quienes no olvidemos guardan una estrecha relación con el partido verde.

El conflicto legal, que actualmente se encuentra radicado, en el toca de revisión 311/2026 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (derivado del juicio de amparo indirecto 1497/2025), tiene su origen en un hecho cotidiano de la función notarial. De acuerdo con los antecedentes expuestos, las agresiones y la violencia sistemática comenzaron luego de que una usuaria solicitara un servicio relacionado con un negocio que involucraba directamente a la familia del exdelegado regional del Infonavit en Puebla, Tony Kuri Alam.

La defensa jurídica argumenta que este asunto reviste un «interés y trascendencia superlativos» para el sistema judicial mexicano. Se denuncia que el caso evidencia una estructura de violencia cultural e institucional, caracterizada por la tolerancia, la indiferencia y supuestos pactos de impunidad entre servidores públicos para encubrir al exdelegado.
Por ello, lo presentado ante la Suprema Corte sostiene que el litigio no puede ser examinado bajo un formalismo procesal neutral o aislado. Por el contrario, se exige de manera inexcusable que las máximas autoridades jurisdiccionales resuelvan el fondo del asunto bajo una estricta perspectiva de género e interseccionalidad, aplicando los estándares internacionales más altos de debida diligencia reforzada.

Las acciones misóginas de violaciones endémicas, institucionales y estructurales a los derechos de las mujeres expresados en este caso en la vida de Norma Romero Cortés, se crean a raíz de:
- El enojo de un jerarca patriarcal;
- La coordinación institucional a través del posible tráfico de influencias y abuso de autoridad potenciado por la asimetría de poder entre una Notaria Pública estatal y un ex delegado Federal y Empresario Poblano.
- La presión y hostigamiento mediante campañas de desprestigio de la Notaría Pública;
- Limitación en el acceso a la justicia mediante diferentes vías para su ejercicio;
- La aplicación inexacta y omisa de los instrumentos legales;
- Irrazonables plazos de respuesta; y
- La acción y aquiescencia del Estado mexicano para permitir la destrucción de la vida de una mujer.
La falta de perspectiva de género es clara y palpable dentro de las resoluciones administrativas dictadas por el INFONAVIT. Esto se muestra cuando el INFONAVIT a través de la Licenciada Monserrat Rodríguez Alva quien manifiesta en su solicitud de atracción el hecho de que le costaría al instituto 73,000,000.00 de pesos que se le diera la razón al a fedataria, poniéndole un precio a la dignidad de una persona, mientras cuentan con un presupuesto operativo de 29,000,000,000.00 de pesos. El INFONAVIT juega con dinero para vender dignidades.

Lo anterior adquiere especial gravedad probatoria, pues tanto en el expediente 114/2020 como en los requerimientos formulados por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) dentro de la carpeta FED/ FEMDH/FEVIMTRA/PUE/0000084/2021 (originada por la vista de la CNDH de 10 de marzo de 2021 recaída a la queja CNDH/4/2021/917/Q) constan las comunicaciones oficiales mediante las cuales el Instituto fue fehacientemente notificado de que la denunciante manifestaba un riesgo inminente a su vida e integridad personal y el temor fundado de sufrir un crimen de odio o feminicidio.
En tales condiciones, es manifiesto que la autoridad peticionaria pretende desdibujar el contexto real de violencia para erigir una simulación procesal que subordina la dignidad de una mujer a un mero interés crematístico. Con ello, se refrendan estructuras patriarcales de impunidad que toleran el hostigamiento sistemático en contra de las mujeres, avalando prácticas de disciplinamiento dirigidas a marginarlas, despojarlas y neutralizarlas en su quehacer profesional.
Atendiendo al contexto entre las personas que formulan el conflicto, Norma Romero Cortés y Tony Kuri Alam, es necesario redescubrir y hacer manifiesto dentro de las consideraciones de las personas juzgadoras el contexto de poder que ostentan cada parte. Mientras el hombre es un patriarca de una prominente familia de empresarios y políticos con presencia nacional, ella resulta ser una mujer abogada y notaría, defensora de los derechos humanos. La asimetría de poder y de capacidad relacional en perspectiva de la capacidad de poder y “favores” que el hombre en cuestión es incomparable con la de Norma Romero Cortés.

Las consecuencias que ha obtenido Norma Romero Cortés por la denuncia por faltas graves en contra de un hombre que ostentaba el encargo público de delegado Regional del Instituto para obtener justicia ante las autoridades involucradas por acción o aquiescencia dentro de los hechos, son graves y es responsabilidad de la Suprema Corte establecer herramientas efectivas para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia.
La pretensión del INFONAVIT formulada mediante el oficio SJ/CJCII/SA/2287/2026 (folio judicial 6469) adolece de un insalvable defecto de legitimidad: la autoridad responsable pretende justificar el interés y trascendencia de la atracción a partir de una afectación patrimonial meramente hipotética y dogmática, carente de soporte probatorio en el expediente 114/2020. Al alegar un pretendido quebranto por $73,270,176.00 pesos en litigios laborales internos como pretexto para evadir el régimen disciplinario de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Instituto incurre en una falacia procesal que supedita la debida diligencia reforzada en el combate a la corrupción a un interés corporativo.
En el caso específico de la Doctora Norma Romero Cortés, el Instituto jamás demostró qué menoscabo real le produjo la actuación notarial de la quejosa; por el contrario, pretendió fijar un precio pecuniario a la tutela judicial efectiva y a la erradicación de la violencia machista. Dicho argumento patrimonialista, contrastado con el volumen financiero y el presupuesto operativo del Instituto, resulta no solo desproporcionado sino agraviante a la luz de los artículos 1° constitucional y 7 de la Convención de Belém do Pará, ratificando la necesidad de que este Máximo Tribunal fije un criterio estricto que proscriba mercantilizar los derechos fundamentales de las mujeres.
El análisis de este caso puede superar las ficciones jurídicas y establecer relaciones de derechos verdaderas al exigir que la perspectiva de género no sea un concepto dentro de las sentencias, sino un mandato imperante para el ejercicio de cualquier función que implique agencia estatal.
El origen de un conflicto: La actuación notarial de Norma Romero Cortés en Puebla que detonó una ofensiva legal en 2015
Una actuación de fe pública realizada en junio de 2015 por la titular de la Notaría Pública número 4 de Puebla, Norma Romero Cortés, se convirtió en el punto de partida de un complejo litigio mercantil, penal y administrativo que involucró a empresarios inmobiliarios de la entidad y a una emprendedora local.
Los hechos ocurrieron cuando la fedataria atendió a Sandra Jalil Morales, representante legal de la empresa Bet for Evolution S.A. de C.V. De acuerdo con los antecedentes del caso, la empresaria acudió a solicitar los servicios notariales en medio de un fuerte desgaste emocional. Días antes, elementos de la Secretaría de Marina habían irrumpido por error y con armas de alto poder en su domicilio particular durante un operativo nocturno; aunque los oficiales ofrecieron disculpas tras percatarse de la equivocación, el incidente dejó secuelas de vulnerabilidad en la afectada.
Con el objetivo de retomar su estabilidad patrimonial, Jalil Morales impulsó la apertura de un gimnasio en la Plaza Comercial Cedro, ubicada en Calzada Zavaleta 8101, inmueble propiedad de Uno Com Inmobiliaria S.A. de C.V., firma vinculada a la familia Kuri.
Ante el temor de sufrir un desalojo extrajudicial mediante el forzamiento de cerraduras durante la madrugada, la representante de Bet for Evolution acudió ante la notaria Romero Cortés para solicitar la ratificación formal de un contrato de reducción de rentas y tres recibos de pago. Dichos documentos habían sido suscritos por José Antonio Rodoreda Orozco, administrador de la plaza, quien en ese acto reconoció los acuerdos comerciales pactados previamente con Emilio Kuri Carballo —hijo de Tony Kuri Alam, accionista de la inmobiliaria—, señalando además que los poderes corporativos de la sociedad eran resguardados internamente por los propietarios.

La reacción legal y administrativa
La certificación otorgada por la notaria Norma Romero Cortés desencadenó una inmediata ofensiva jurídica por parte de Uno Com Inmobiliaria S.A. de C.V. a través de tres frentes simultáneos:
- Vía mercantil: Se promovió el juicio oral sumarísimo 606/15/2C en contra de la persona moral Bet for Evolution S.A. de C.V.
- Vía penal: Se inició la averiguación previa AP-3299/2015/SACHO/SUR, dirigida tanto contra la empresa arrendataria como contra la propia Norma Romero Cortés en su calidad de Titular de la Notaría Pública número 4.
- Vía administrativa: Se interpuso la queja notarial 271/2015 ante la Dirección de Notarías —entonces adscrita a la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla — buscando sancionar el ejercicio de la fedataria.
Para la defensa de la notaria, esta serie de acciones legales evidenció un claro conflicto de interés por parte de Tony Kuri Alam, marcando el inicio de una animadversión que, sostienen, escaló hasta convertirse en una persecución institucional en contra de la titular de la Notaría 4.

Lo que inició como un acto ordinario de fe pública para proteger el patrimonio de una ciudadana en estado de vulnerabilidad, terminó exponiendo cómo el aparato administrativo y judicial puede ser utilizado como herramienta de presión. Hoy, el señalamiento sobre el conflicto de interés de la familia Kuri sigue vigente, dejando en evidencia la necesidad de frenar el uso faccioso de las instituciones contra quienes ejercen la función notarial con apego a la ley.
El colectivo y la defensa de Norma Romero Cortés, exigen justicia internacional y han realizado un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la ONU para se impongan de los hechos y emitan una postura.













