En agosto de 2021, víctimas de abuso sexual denunciaron a Rosendo Sainz-Trápaga N por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual. Aunque las pruebas fueron recabadas en la Ciudad de México —entrevistas, dictámenes médicos y psicológicos— el caso fue remitido a Guanajuato, donde comenzaron los obstáculos.
En febrero de 2022, la Fiscalía del Estado solicitó su aprehensión. Pero el juez Juan Anselmo Monjaraz Mendoza desechó todas las pruebas, alegando que fueron obtenidas por autoridades “incompetentes”. El imputado quedó libre.
El caso llegó a la Suprema Corte, que en enero de 2025 resolvió que las pruebas recabadas por el Ministerio Público sí son válidas en casos de delitos sexuales contra menores de edad, exhortando a las autoridades del Poder Judicial de Guanajuato a privilegiar los derechos de los niños.
Sin embargo, cuando se programó la audiencia en marzo de 2025, Rosendo Sainz-Trápaga N no se presentó y fue declarado prófugo. Fue capturado por INTERPOL en España y permanece detenido en el penal de Soto del Real.
Pero ni la orden de la Suprema Corte detuvo al sistema judicial guanajuatense: en julio de 2025, el Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato, integrado por los magistrados Roberto Hoyos Aponte, Luz Elva de la Torre Orozco y Enrique Zamora Camarena, anuló la vinculación a proceso. A esta resolución que raya en lo absurdo se sumaron el magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, titular de la Novena Sala Penal, y el juez Mauricio Rogelio Flores Saldaña, pavimentando el camino para que el agresor quede en libertad.
Este caso expone con claridad cómo el Poder Judicial de Guanajuato ha protegido al acusado y revictimizado a quienes alzaron la voz. A cuatro años, el mensaje es claro: en Guanajuato, la justicia favorece a los agresores, no a las víctimas.
