El IMSS-Bienestar en el Estado de México atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su instauración. A menos de un mes de la llegada de Natán Enríquez Ríos como nuevo coordinador estatal, el sistema sanitario que debía representar la esperanza de atención universal se hunde entre protestas, falta de medicamentos, impagos, corrupción y descontento generalizado del personal médico.
Las manifestaciones recientes en los hospitales La Perla de Nezahualcóyotl, De la Visión en Naucalpan y General de Chalco son solo la punta del iceberg. En el primero, una mujer embarazada fue rechazada por falta de insumos básicos, un hecho que desató la indignación del personal y de los familiares, y que simboliza la degradación de los servicios públicos de salud en la entidad. En Chalco, incluso el personal de limpieza salió a las calles para exigir pagos atrasados de varios meses, exhibiendo la descomposición administrativa del sistema.
La crisis, sin embargo, no comenzó con Natan Enríquez Ríos. Su antecesora, Guadalupe Guerrero Avendaño, dejó tras de sí un desastre en abasto y gestión relacionado a la mala asesoría de Godwin González Estrada por quien le costó su salida, por lo que ese movimiento no resolvió nada ya que los mismos grupos enquistados dentro del sistema sanitario siguen operando, manteniendo los vicios y la red de intereses políticos que han convertido al IMSS-Bienestar mexiquense en un territorio de impunidad y control corporativo.
Entre esos personajes destaca Godwin González Estrada, señalado en múltiples medios que cuentan con evidencia de los presuntos actos de corrupción, venta de plazas, venta de medicamentos, manipulación de contratos y desvío de recursos. Según los reportes, González Estrada operó previamente dentro del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) enfrenta investigaciones por desvio de recursos, antes de infiltrarse en la estructura de IMSS-Bienestar.
De acuerdo con las denuncias, los cobros por plazas “aseguradas” habrían oscilado entre 50 y 70 mil pesos, mientras que las nóminas y adjudicaciones se habrían manejado con discrecionalidad para beneficiar a un pequeño círculo de aliados administrativos.
El propio González Estrada— habría manipulado políticamente las protestas del personal, instruyendo a los inconformes a no portar insignias a dirigir marchas con consignas únicamente en contra las autoridades estatales incluyendo la gobernadora. La intención: mantener el control narrativo y deslindar al aparato federal de las fallas internas del programa.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el funcionario sigue activo dentro de la estructura administrativa, mientras que voces críticas del sector salud denuncian que “alguien lo protege”. Su permanencia representa, según médicos y enfermeras, una burla al discurso de la “Cuarta Transformación”, que prometió depurar la corrupción en el sistema sanitario.
“IMSS-Bienestar prometió mejorar los servicios, pero seguimos en el abandono. Los mismos corruptos de antes, los mismos aviadores, los mismos que cobran sin trabajar, siguen ahí”, declaró un trabajador del Hospital General de Chalco.
Se confirma que los problemas de abasto y gestión se mantienen desde la salida de Guerrero Avendaño; hay casos similares de corrupción y favoritismo en hospitales como el “Dr. Pedro López” de Ixtapaluca, bajo un patrón de desviación sistemática de recursos públicos.
En el intentó de maquillar la trayectoria de González Estrada resalta un supuesto título de espidemiogo cuando es médico general.
La falta de abasto, los hospitales colapsados y los pagos incumplidos al personal médico y de apoyo se combinan con una crisis ética que erosiona la credibilidad del IMSS-Bienestar. Los trabajadores exigen una limpia administrativa profunda, la revisión de nóminas, contratos y adjudicaciones, y la remoción inmediata de funcionarios vinculados a prácticas corruptas.
Mientras tanto, el IMSS-Bienestar y las autoridades estatales guardan silencio. Ninguna postura oficial ha sido emitida sobre los señalamientos contra Godwin González Estrada, ni sobre los audios filtrados que exhiben la manipulación política de las protestas.
El sistema que debía garantizar bienestar y salud para todos en el Estado de México hoy enfrenta su peor diagnóstico: corrupción crónica, negligencia estructural y un cuerpo directivo enfermo de impunidad.
