Denuncian un uso malicioso del derecho penal por parte de los acusadores, con fines jurídicos maliciosos, sin sustento real de culpabilidad
La defensa legal de Alfredo Enrique Gutiérrez del Ángel, ex administrador general del Sanatorio Trinidad e hijo del fundador de dicho hospital, Arturo Gutiérrez Meneses, denunció públicamente un montaje jurídico en su contra que ha derivado en una prolongada privación de su libertad sin que se haya dictado sentencia.
Gutiérrez del Ángel fue destituido de manera fraudulenta de su cargo de administrador por las personas que actualmente controlan el sanatorio: Adriana Beltrán Mallén, actual administradora general; los socios Jesús Torán Sierra, Juan Beltrán Arriaga, padre de Adriana Beltrán Mallén, así como Eduardo Rocha Pérez y Javier Alfonso Ortega Alonso.
El abogado defensor, José Antonio Velasco Leonel, calificó la situación como “un montaje jurídico” sustentado en pruebas manipuladas y señalamientos sin sustento legal, en una acusación que gira en torno a un presunto delito de administración fraudulenta, basado en documentos que —aunque auténticos— han sido presentados con interpretaciones distorsionadas, duplicación de facturas y dictámenes contables carentes de rigor técnico.
«Se pretende sostener una imputación penal a partir del pago de una nómina, lo cual es absurdo; estamos ante una estrategia legal fabricada para justificar una privación de la libertad sin pruebas reales», declaró el abogado.
A este montaje jurídico se suma una grave omisión por parte del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que desde octubre de 2024 mantiene sin resolver un recurso de revisión de amparo interpuesto por la defensa anterior del acusado. Este recurso ha detenido el avance del proceso penal principal por más de ocho meses, violando el derecho a una justicia pronta y expedita.
Ante esta situación, la actual defensa se vio obligada a desistirse del recurso para permitir que el proceso ordinario continúe y se pueda alcanzar una resolución judicial de fondo.
Al abogado Velasco Leonel afirma que “no sólo hay un uso malicioso del derecho penal por parte de los acusadores, sino también una inaceptable lentitud en la actuación de los tribunales, lo que mantiene a Alfredo Gutiérrez injustamente privado de su libertad”, enfatizó Velasco Leonel.
La actual administración del Sanatorio Trinidad ha incurrido en constantes violaciones legales, como la dada a conocer el 16 de enero pasado, cuando ofrecían servicios médicos, cirugías y terapia intensiva, a pesar de que sus cuatro quirófanos estaban clausurados y tenían un sello de suspensión de “trabajos y servicios” emitido por la Cofepris, lo que representaba un grave peligro para los pacientes.
Avisado por Cofepris de que harían una inspección ese día que se dio a conocer la información, por la noche y madrugada del día siguiente desalojaron a los pacientes y los llevaron a otros nosocomios cercanos, como el Hospital San Luis, llevándose material y equipo médico del Sanatorio Trinidad.
