Un juez federal de New Hamshire bloqueó con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, que anunció en su segundo día en el poder y ha resultado ser una de las más polémicas.
«Privar de la ciudadanía estadounidense en un cambio abrupto de una política de larga data, y provoca daños irreparables», dijo en la lectura del fallo el juez Joseph Laplante quien, sin embargo, declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
El juez, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, resaltó que la ciudadanía estadounidense «es el mayor privilegio que existe en el mundo».
La orden ejecutiva debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales con el argumento de que no podían bloquear órdenes con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la «barrera» de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump.
El fallo de Laplante a la moción presentada por «Barbara y otros» señala que los demandantes «pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)».
Este mismo juez ya se había opuesto en otro fallo de febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su fallo solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal, y alegó entonces que la orden de Trump violaba la 14 enmienda constitucional.
Según la primera interpretación, el fallo de Laplante se refiere a «los niños existentes y los futuros» que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como habían solicitado los demandantes.
La peticionaria principal, Barbara (sin que se revelen sus apellidos), es una ciudadana hondureña que está pendiente de una solicitud de asilo y que espera a un primer hijo en octubre de este año que nacería en territorio estadounidense.
La demanda recuerda que la nacionalidad por nacimiento es un «tesoro» garantizado por la enmienda 14 de la Constitución y por una larga jurisprudencia.
