La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) impulsa una iniciativa para adicionar la Ley Federal del Trabajo, a fin de que se conceda permiso a las personas trabajadoras para ausentarse de sus labores durante el tiempo estrictamente necesario para dar cumplimiento a órdenes, citaciones, requerimientos o mandatos emitidos por cualquier autoridad competente, ya sea en materia judicial, administrativa o de procuración e impartición de justicia.
Lo anterior, siempre que se trate de actos cuya observancia resulte obligatoria conforme a la Constitución y las leyes aplicables, sin que esto afecte su salario, antigüedad, pago de prima, bonos, vacaciones u otro derecho laboral adquirido.
La propuesta, que adiciona una fracción IX Bis al artículo 132 de dicha norma y turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, refiere que actualmente la Ley Federal del Trabajo no contempla un permiso expreso que permita a los empleados ausentarse de sus labores para atender citaciones o requerimientos judiciales o administrativos de carácter obligatorio.
Evidentemente, añade, esto deja en una desprotección normativa a las personas trabajadoras al colocarlas en una situación de incertidumbre ante la necesidad de acudir a las solicitudes o requerimientos que se le realizan y se contraponen con la posibilidad de perder su trabajo o ser amonestado por acudir a la cita de alguna autoridad competente.
Menciona que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2023 los órganos jurisdiccionales estatales de primera instancia recibieron dos millones 282 mil 806 asuntos, de los cuales el 41 por ciento fueron de carácter familiar.
Hace notar que en 2024 los juicios laborales aumentaron 494 por ciento en tres años, al pasar en 2021 de 18 mil 420 procedimientos de este tipo a 91 mil 49 en 2023, según datos del Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral del propio Instituto.
Dichos datos, agrega la iniciativa, reflejan el número de asuntos judiciales que tienen que resolver las autoridades en los que se ven inmersos los particulares y donde existe posibilidad que les sean violentados sus derechos sin tener una condicionante de exclusión en la norma que los proteja.
Refiere que el artículo 20 de la Constitución Política establece los principios del sistema penal acusatorio, entre ellos los de inmediación, continuidad y contradicción, que exigen la presencia física e ineludible de las partes, testigos y víctimas durante las audiencias del proceso penal.
Por ello, considera necesario eliminar los vacíos normativos que persisten en la Ley Federal del Trabajo al no existir disposición expresa que permita a las personas trabajadoras atender requerimientos de una autoridad judicial o administrativa sin riesgo de represalias o sanciones que afecten su salario, antigüedad, pago de prima, bonos, vacaciones u otro derecho laboral adquirido en su centro laboral.
