- Se benefició a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales con un contrato de limpieza
Luis Antonio García Calderón, responsable del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue denunciado por su presunta injerencia directa en el fallo de una licitación pública para contratar servicios de limpieza, higiene y desinfección en instalaciones médicas y administrativas del instituto.
La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó la denuncia ante el director de Denuncias y Atención Ciudadana “A” del ISSSTE, Martín Rubio Millán. En el documento, la organización solicita una investigación sobre la actuación del titular del OIC y de dos funcionarias del Área de Responsabilidades, acusadas de intervenir de forma irregular en la resolución del recurso de inconformidad 006/2025.
De acuerdo con el expediente, el 21 de julio, el OIC resolvió un “incidente por defecto” y ordenó considerar económicamente solvente a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales Pese a que el fallo debía limitarse a corregir omisiones en la evaluación económica, el OIC instruyó beneficiar a dicha empresa y prohibió cualquier revisión adicional en los aspectos legales o técnicos. La resolución incluyó una advertencia de sanción a los funcionarios que desacataran la orden.
La propuesta de Armot había sido previamente desechada con base en el numeral 10.15, inciso L, de las bases de la licitación, que establece el rechazo de ofertas con “información que cause confusión, incertidumbre o contradicciones respecto al cumplimiento del servicio”.
La intervención del OIC no solo invadió las facultades de la entidad contratante el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, sino que afectó los derechos de las empresas competidoras. Entre ellas, Ocram Seyer, S.A. de C.V., en conjunto con Wilk S. de R.L. de C.V., que había recibido la adjudicación original el 12 de febrero al presentar una propuesta que cumplía con los criterios técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.
La denuncia detalla que la empresa favorecida alcanzó una calificación técnica de 59 puntos sobre 60, pese a presentar documentación presuntamente incompleta. Entre las irregularidades observadas, se incluyen la falta de estados financieros completos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y el uso de facturas canceladas como respaldo de su capacidad técnica y de equipamiento.
El OIC determinó no revisar ni modificar estos elementos al resolver el recurso de inconformidad, lo cual, según ACUEC, impidió a la entidad convocante ejercer una evaluación integral del proceso.
El documento también señala a Janet Citlali Ramírez Estela y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, integrantes del Área de Responsabilidades del OIC, por omitir su deber de actuar ante las inconsistencias detectadas. La organización exige una revisión de su situación patrimonial.
La denuncia señala que, al involucrarse en decisiones que no le correspondían, Luis Antonio García Calderón dejó su papel como autoridad supervisora para favorecer directamente a una empresa, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
Cabe señalar, que Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, SA de CV, es prácticamente una empresa de recién creación, 21 de junio de 2022, constituida en Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las presuntas socias o accionistas: Jessika Ivonne Velázquez Flores y María Susana López Hernández; y el administrador único de la empresa es Fernando Porfirio Lorenzo Vázquez, un exfuncionario de FONATUR y del DIF de la Ciudad de México, relacionado con la adjudicación de contratos de limpieza en las dependencias por donde ha pasado, y hoy a través de presuntamente usar prestanombre decidió hacer su propia empresa para llevarse una rebanada grande del pastel presupuestario.
