En un recoveco legal y judicial y por una orden de aprehensión que logró el despacho GARCÍA GONZÁLEZ Y BARRADAS en el caso del control administrativo de la Cooperativa Cruz Azul, donde supuestos representantes legales de la empresa lograron judicializar el caso en contra del Legal Consejo de Administración integrada por cooperativistas legalmente establecidos en asamblea.

Esta operación y artimaña legal destapa la cloaca de corrupción que existe en el poder judicial y en especial en Tribunal Superior de Justicia ya que este despacho operó ilegalmente y a través de nichos de influencia complicaron aún más el caso de la Cooperativa Cruz Azul, pasando por la autonomía de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y del mismo Tribunal Superior de Justicia de la capital, explicaron representantes de los afectados.

Según la Constitución General de la Ciudad de México, la Fiscalía Justicia (FGJCDMX) comandada por Ernestina Godoy y el Tribunal Superior de Justicia, son entes autónomos que nada tienen que ver son las decisiones de la presidencia de la República y el gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con los afectados, nada más alejado de la realidad, pues tanto la Fiscalía General de Justicia como el Tribunal Superior de Justicia ambos de la Ciudad de México (TSJCDMX), al parecer están sometidos a los intereses de los grandes despachos de abogados que están de moda en este sexenio. Como el caso del despacho GARCÍA GONZÁLEZ Y BARRADAS son muy solicitados por ex gobernadores acusados de enriquecimiento ilícito o corrupción. No sólo por políticos de mala fama sino por empresarios de dudosa reputación o generales huachicoleros. Han ayudado a políticos y empresarios a defenderse de acusaciones como lavado de dinero, asesinatos y hasta genocidio.

Y es que el pasado 14 de diciembre cuando del abogado conocido como «el de los tenis de color” sometió e impuso su voluntad a la Lic. Araceli Nava Chávez actual Fiscal de Asuntos Especiales; ella Subordinada del Subprocurador Facundo Santillán Julián quien casualmente hace unos meses fue el Secretario Particular del Magistrado Rafael Guerra Álvarez actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

En esos días Guerra Álvarez ordenó judicializar de inmediato la carpeta de investigación FIEAE/DIUI-1 CID0O159/11-2020 iniciada la última semana de noviembre de este año en la cual Jonathan Julián Molina Suárez supuesto apoderado de la Cooperativa la Cruz Azul, junto José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel denuncian el aparente delito de Fraude Procesal, pues según éstos, el actual consejo de Administración de la Legitima Cooperativa se encuentra suspendido para ejercer sus cargos.

De acuerdo con los abogados representantes del Consejo Legal de la Cooperativa Cruz Azul, las instrucciones del emisario fueron claras: generar la audiencia para solicitar una Orden de Aprehensión contra el legítimo Consejo de Administración de la Cooperativa la Cruz Azul no importando si estaba o no el Ministerio Público titular del caso.

“Pues el abogado -«de los tenis de color”- entregó e impuso el guion que como -títere- debería recitar el Ministerio Público al Juez de Control que, de igual forma, ya conocía de la petición, los argumentos y los supuestos datos de prueba con los que sustentaría la petición, situación que por cierto constitucionalmente está prohibida y penada por la ley.
Y en efecto así sucedió, pues al par de horas de que el emisario le instruyo a la Fiscal de Asuntos Especiales, la judicialización de la carpeta de investigación, que se celebró en la sala número 7 la audiencia privada para solicitar la orden de aprehensión referida por el supuesto delito de fraude procesal.

Los afectados aseguran que en este lugar, lugar en donde ocurrió la simulación de audiencia más grande realizada en los últimos meses, pues el Ministerio público solo se dedicó a leer el guion previamente entregado por el emisario, y a su vez, el Juez de Control Jupiter López Ruiz- Juez de Consigna y cercano al Presidente Magistrado Guerra (en total comparsa con el MP) sin mayor análisis y en un tiempo récord, autorizó la espuria orden de aprehensión solicitada.

Además, dijeron, llama la atención que la Fiscalía de Asuntos Especiales investigue este tipo de delitos, pues, primeramente, el caso como tal no reúne las condiciones exigidas por la ley para ser investigado como asunto especial o de alto impacto. “Debe destacarse el interés puesto tanto por la Fiscalía y el Tribunal en este caso para judicializar un asunto de manera exprés, pues habrá que recordar que las actividades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fueron suspendidas abruptamente el día 4 de diciembre por emergencia sanitaria.

Los afectados recalcaron que ojalá que con el mismo esmero y prontitud la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigue y resuelva los verdaderos asuntos especiales y de alto impacto como lo son los feminicidios, secuestros y homicidios dolosos que a diario se cometen en esta ciudad.