Tras una maratónica audiencia que se prolongó por más de 18 horas en los juzgados federales del Altiplano, un juez de control vinculó a proceso al vicealmirante Emanuel Roberto “N” y a nueve elementos más de la Secretaría de Marina, acusados de integrar una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían facilitado la entrada ilegal de millones de litros de diésel al país, disfrazados bajo la etiqueta de “aditivos”, lo que constituyó un esquema de fraude conocido como huachicol fiscal.
El juez determinó que existen elementos suficientes para presumir la existencia de una estructura con amplio poder económico y capacidad de corrupción, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México. Según la FGR, este entramado delictivo contaba con apoyo tanto de particulares como de integrantes de las Fuerzas Armadas, en activo y en retiro.
Durante la audiencia, la autoridad judicial reclasificó la acusación al delito de delincuencia organizada con fines de realizar operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos. En el caso del vicealmirante Emanuel Roberto “N”, se le señaló como pieza clave en funciones de dirección, pues presuntamente avalaba los perfiles que operaban dentro de la red. Otros implicados, identificados como Climaco “N” y Humberto “N”, habrían tenido responsabilidades en el nombramiento de servidores públicos en aduanas, además de recibir pagos ilegales.
El resto de los acusados –Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”– enfrentan cargos por simular revisiones a buquetanques: desde la manipulación de cámaras de vigilancia hasta la entrega de muestras alteradas.
Entre los testimonios clave que sostienen la acusación resalta el de Rubén Guerrero Alcántara, quien antes de ser asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, habría dejado un manuscrito en el que denunciaba estas operaciones.
También declararon testigos protegidos, identificados como “Santo”, “JH” y “HRV”, quienes aportaron evidencia sobre el ingreso irregular de al menos 32 barcos con diésel durante 2024 y 2025.
El juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y dictó prisión preventiva justificada a los diez marinos, quienes permanecerán en el penal federal mientras se desahoga el proceso.
