Mientras la indignación social por el incremento a la tarifa del transporte público escala a las calles, el gobernador Pablo Lemus Navarro optó por responder con una oferta de viajes a Nueva York. El incentivo busca acelerar la adopción de la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco», operada por la Servicios Broxel que, detrás de la promesa de un ahorro de tres pesos por pasaje, esconde un esquema de captación masiva de datos biométricos y una renta mensual garantizada con recursos públicos.
El programa estatal establece que por cada tarjeta activa el gobierno cubrirá 5.45 pesos mensuales a la empresa administradora del sistema, lo que podría representar más de 16 millones de pesos al mes si se incorpora al universo estimado de usuarios del transporte público en la entidad.
A este esquema se suma el subsidio de 3 pesos por viaje que el Estado entregará a los transportistas para compensar la tarifa de 11 pesos, una bolsa que podría superar los 5 mil millones de pesos al año.
En medio de la controversia, el mandatario anunció la entrega de tres vuelos redondos a Nueva York pagados con recursos propios y otros tres patrocinados por la aerolínea Volaris para ciudadanos que tramiten la tarjeta financiera.
“…para que la gente que se inscriba a su tarjeta La Única pueda echarse su cafecito en Nueva York”, lanzó Lemus tras la polémica que generaron sus declaraciones previas, en las que aseguró que con el plástico del programa una persona podría pagar un café en esa ciudad.
De esta forma, el mandatario estatal minimizó las críticas de colectivos que califican la medida como una «puerta de entrada» para convertir a los usuarios del transporte en clientes cautivos de servicios bancarios.
La declaración de Lemus intensificó la polémica en redes sociales, donde usuarios señalaron que el gobernador y funcionarios de su administración han promovido el programa con un tono similar al de una estrategia comercial de Broxel, empresa encargada de la administración de la tarjeta.
El anuncio coincide con nuevas protestas en Guadalajara contra el llamado “tarifazo” y contra el requisito de utilizar la tarjeta financiera para obtener el costo preferencial del transporte. Colectivos y usuarios señalan que el registro exige la entrega de datos personales, biométricos y de contacto para poder acceder al subsidio del servicio público.
