-“Soluglob Ikon”, con antecedentes de sanciones y cuestionamientos en el suministro médico a pensionados de Banrural, obtiene millonario contrato. El fallo adelantado presenta discrepancias en los montos.
Mientras miles de mexicanos enfrentan las consecuencias del desabasto de medicamentos, el Gobierno federal intenta resolver una crisis que ha ocupado los titulares durante los últimos meses. Hospitales sin insumos, tratamientos interrumpidos y pacientes que esperan respuestas han convertido el suministro de medicinas en uno de los principales desafíos de la administración pública
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional acaba de adjudicar 740 millones 486 mil 460 pesos con 53 centavos a “Soluglob Ikon”, empresa que fue inhabilitada por el Gobierno federal y cuya trayectoria acumula cuestionamientos sobre la prestación de servicios médicos.
El antecedente es público. El 20 de marzo de 2024, el Diario Oficial de la Federación publicó una circular mediante la cual la Secretaría de la Función Pública ordenó abstenerse de contratar con Soluglob. Este antecedente plantea preguntas sobre los criterios utilizados para valorar los antecedentes del proveedor.
No es el único episodio.
Durante su participación en la atención médica de pensionados de Banrural, Soluglob fue objeto de quejas por presuntos incumplimientos en la entrega de medicamentos y restricciones a tratamientos. Además, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades en pagos por servicios médicos del Fondo de Pensiones de Banrural, administrado por el INDEP, entre cuyos proveedores figuraba la compañía.
Lo verdaderamente alarmante es lo ocurrido en el procedimiento de la Sedena.
La licitación SISMED, destinada al suministro integral de medicamentos en hospitales militares, fue objeto de un aviso de adelanto de fallo fechado el 30 de octubre. La coronel Blanca Jiménez Zenteno, subdirectora de Sanidad Militar, figura entre quienes suscribieron la evaluación técnica.
El acta definitiva registra una propuesta económica de Soluglob superior a 753 millones de pesos, pero termina adjudicándole 740.48 millones. A ello se suma el señalamiento de que existen tres montos distintos en los documentos públicos del procedimiento, extremo que debe esclarecerse mediante la revisión de las actas de apertura, evaluación y fallo.
¿Por qué adelantar una decisión de semejante trascendencia? ¿Quién autorizó las cifras? ¿Cómo se explica que la propuesta económica registrada no coincida con el importe adjudicado?
