La recta final para la aprobación del llamado «Plan B» de la reforma electoral no sólo se libra en las cámaras legislativas, sino también en la percepción pública y los indicadores de estabilidad económica.
Además, mientras el bloque oficialista integrado por Morena, PT y PVEM se prepara para la posible votación definitiva el próximo 8 de abril, la coalición enfrenta un desgaste interno sin precedentes: el voto del Partido del Trabajo contra aspectos clave de la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siembra la idea de una ruptura en la autollamada «Cuarta Transformación».
EL FACTOR PT: ¿PLURALIDAD O FRACTURA?
De acuerdo con una reciente encuesta de la firma GobernArte, el 33.4% de los mexicanos interpreta el voto en contra del PT respecto al «Plan B» como una ruptura con Morena. Este distanciamiento no es sólo una percepción; en el Senado de la República , el PT respaldó la reforma en general, pero se opuso tajantemente a la revocación de mandato, logrando que este punto fuera eliminado del dictamen que ahora regresa a la Cámara de Diputados.
Producto de este disenso, ahora se tiene un costo político directo. El 49.1% de los encuestados considera que su confianza en el PT disminuyó y opina que lo mejor sería disolver la alianza con Morena.
Aunque 27.5% de las personas ve este comportamiento como una «diferencia legítima de opinión», no obstante, el impacto en la cohesión del bloque oficialista es innegable de cara a los procesos electorales futuros.
CRONOGRAMA Y AJUSTES EN SAN LÁZARO
Tras un receso de Semana Santa, la Cámara de Diputados retomará la actividad esta semana para dar salida a la minuta proveniente del Senado de la República.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en dicho legislativo, informó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral sesionarán el próximo martes 7 de abril, para llevar el dictamen al pleno al otro día.
A pesar de las fricciones, Monreal Ávila mantiene el optimismo, asegurando que la mayoría legislativa —Morena, PT y PVEM— respaldará el proyecto sin más cambios.
Sin embargo, la sombra de la discordia persiste, especialmente tras el rechazo previo del PT que fue determinante para frenar avances en el Pleno de San Lázaro en etapas anteriores.
VISIÓN DE LA IP: ESTABILIDAD SOBRE REFORMA
Por otro lado, desde la trinchera de la iniciativa privada (IP), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) efectúa una crítica severa a la lógica de la reforma. Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional del organismo, sostiene que «la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento».
Y, es que, para el sector empresarial, el país requiere certidumbre jurídica y enfoque en prioridades como la seguridad y el crecimiento económico, más que cambios constantes en las reglas del juego democrático.
Sierra Álvarez advierte que el planteamiento presidencial intenta imponer criterios homogéneos a realidades locales distintas, lo que vulnera el federalismo.
Bajo esa lógica, señala que forzar reformas sin consenso debilita la legitimidad del sistema y distrae de la oportunidad histórica que representa la integración económica de América del Norte.
ANÁLISIS: EL COSTO DE LA POLARIZACIÓN
El escenario actual revela una paradoja: mientras Morena busca consolidar una estructura electoral que, según proyecciones, le daría la mayoría calificada en el Senado de la República al eliminar plurinominales, la confianza ciudadana en sus aliados se tambalea.
De esta forma, el «Plan B» no es sólo un conjunto de ajustes técnicos o recortes a congresos y regidurías; es una prueba de fuego para la unidad de la autonombrada Cuatroté y un factor de riesgo para la estabilidad institucional que demanda la inversión privada.
Con la votación a la vuelta de la esquina, el reto para el gobierno federal no será sólo conseguir los sufragios necesarios en el Congreso, sino convencer a una ciudadanía y a un sector productivo que ven con recelo una reforma que parece nacer más de la confrontación que del acuerdo nacional.
¿QUÉ CAMBIOS PROPONE LA REFORMA?
Este dictamen plantea cambios a la Constitución en los artículos:
• 115 (municipios)
• 116 (estados)
• 134 (uso de recursos públicos)
Entre los principales ajustes sobresalen:
• Tope al gasto de los Congresos estatales.
• Reducción en el número de regidurías en ayuntamientos.
• Disminución de salarios de consejeros y magistrados electorales.
Uno de los puntos más relevantes es que no se incluye la modificación al artículo 35 constitucional para adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027.
Finalmente, si los legisladores aprueban el contenido en San Lázaro —necesitan mayoría calificada—, este avanzaría hacia su ruta constitucional.
