ANTONIO CARRERA
En los pasillos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el secreto a voces entre trabajadores se ha convertido en un grito para que se abra una investigación. La gestión de Efrén Emmanuel Jarquín González enfrenta hoy el cuestionamiento más severo que puede recibir un funcionario público: la sospecha de haber convertido una institución vital en un «Club de Tobi» donde la lealtad de grupo pesa más que la eficiencia administrativa, en detrimento de la salud de la ciudadanía.
La idea de que las licitaciones y contratos se reparten «entre cuates» no es una acusación menor. Mientras desde la oficina central se presumen inversiones históricas y «muros burocráticos derribados», la realidad en las clínicas y hospitales cuenta una historia distinta: un desabasto de insumos que en algunos puntos críticos ha llegado a reportarse en niveles alarmantes de apenas el 8%.
No es coincidencia que en los primeros meses de este 2026, las batas blancas salgan a protestar a las calles de la capital y el Istmo, no para exigir aumento salarial o privilegios, sino para reclamar lo mínimo indispensable para realizar su labor y salvar vidas.
EL CÍRCULO DE LOS ELEGIDOS
En 2025, según el Portal Nacional de Transparencia (PNT), la SSO habría invertido poco más $1,525 millones de pesos en licitaciones por diversos servicios, obras y/o adquisiciones, que presuntamente han sido entregadas a un círculo empresarial de confianza, que ha transformado el sistema de salud pública en una caja de ahorros para los amigos del poder, que contrasta con la pobreza histórica de esta entidad.
La «Primavera Oaxaqueña» en salud parece florecer solo para quienes están dentro de ese exclusivo club, no importando si la razón social es local o foránea.
Empresas como la chilanga SERPROSEP, de José Ángel Gómez Hernández y Óscar Humberto Bistrain Tenorio, que el año pasado firmó dos contratos -uno de ellos de manera conjunta con Máxima Guía- por un monto de $360 millones 391 mil 906.4 pesos para vigilar las instalaciones de la SSO. Cabe señalar que la empresa, con sede en la CDMX, también ha obtenido contratos en el IPN, en el AICM, en Salud Federal, DIF Nacional, Infonavit, Banobras, ISSSTE, pero el grueso de contratos lo ha obtenido en la CONAFE.
Otras firmas de este club son las oaxaqueñas: Uniforma T con 10, cuya cabeza Antonio Alejandro Vásquez Cruz -quien en 2023 era asesor en administrativo en el Congreso- que en dos contratos por uniformar al personal de la SSO se agenció un monto de $113 millones 103 mil 702.8 pesos; y Uniformes Shaper, propiedad del junior de ascendencia italiano Carlo Spada Tello y Omar Hernández Juárez, que igualmente en dos contratos se embolsó la suma de $95 millones 830 mil 565.88 pesos.
Más ejemplos: la empresa Telecomunicación y Equipos, del todopoderoso Tomás Guillermo Braniff Suinaga, que en dos contratos -venta de un equipo de resonancia magnética y un tomógrafo- se llevó las suma de $96 millones 462 mil 180.32 pesos; Limpieza & Mantenimiento Limi del Valle de Oaxaca -administrada por Alberto Rodríguez Zúñiga, quien también administra la empresa Promotora de Espectáculos y Representación Musical del Norte, que ha ganado múltiples contratos en Oaxaca- que por el servicio de limpieza en las unidades médicas se metió $187 millones 600 mil pesos.
Tan solo este club de empresas se agenció más de $853.3 millones de pesos en contratos, lo que representa el 55.95 por ciento de los más de $1,525 millones que la SSO invirtió el año pasado.
Si Efrén Jarquín aspira a que su administración sea recordada por algo más que por el «amiguismo», debe abrir y transparentar los procesos de adjudicación. El sector salud no es un club social ni una agencia al servicio del mejor postor; es el último refugio de los oaxaqueños que no tienen nada más que su derecho a la vida.
Oaxaca ya no aguanta más «cuates» ni licitaciones dirigidas. Si el titular de los SSO no rompe con su «Club de Tobi», el costo no lo pagará su carrera política, sino la salud de miles que siguen esperando que la justicia social llegue, por fin, a las clínicas del estado.
