En el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla crece la polémica por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran al recién nombrado consejero Pedro Antonio Hernández, señalado por manipular procesos judiciales, presionar jueces y utilizar su cargo para favorecer a particulares a cambio de dinero.
De acuerdo con información recabada, Hernández no cumpliría con los requisitos legales para ocupar el cargo, incluyendo la edad mínima establecida por ley, y ha sido acusado de intervenir ilegalmente en asuntos penales, civiles y familiares para beneficiar a terceros con quienes mantiene acuerdos económicos.
Entre los casos más graves destaca el del empresario Javier Millán Mora, quien habría sido detenido de manera irregular y extorsionado con una exigencia de 20 millones de pesos para obtener su libertad. Al negarse, fue presentado ante un juez de control que finalmente lo liberó por la evidente ilegalidad del procedimiento, dentro de la causa 557/2025/Cholula.
Fuentes judiciales aseguran que Hernández actúa en coordinación con fiscales especializados procedentes de la Ciudad de México, quienes identifican disputas empresariales o patrimoniales de alto valor y montan investigaciones o cateos para extorsionar a las partes involucradas. En algunos casos, se trataría incluso de privaciones ilegales de la libertad con fines económicos, una modalidad que podría calificarse como secuestro exprés.
El llamado “Consejero carnal” también ha sido vinculado a intervenciones en juicios familiares y mercantiles, como el proceso JOF/DJP/3491/2025/A-GC, donde habría favorecido a una de las partes por vínculos personales y beneficios económicos.
Otro expediente señalado involucra a Ana “N”, detenida en San Martín Texmelucan, donde se presume que el funcionario intenta influir en el juicio para beneficiar intereses relacionados con la disputa de harineras y panaderías de la familia Juárez, patrimonio valuado en varios millones de pesos.
Las acusaciones señalan una red de presiones, intimidaciones y extorsiones dentro del aparato judicial poblano, donde Pedro Hernández utilizaría su posición para obtener beneficios personales y económicos, mientras los órganos encargados de la procuración de justicia —según denuncias— encubren a los responsables y persiguen a inocentes.
En días recientes, el portal Estado Veintiuno difundió información sobre las actividades irregulares del consejero, pero la publicación fue retirada repentinamente, lo que ha sido interpretado como una muestra de las presiones ejercidas desde el propio Consejo de la Judicatura.
La situación, según especialistas, refleja el deterioro institucional de la justicia poblana, donde “la persecución del delito se ha invertido: se castiga al inocente y se protege al culpable”, configurando —como advierten fuentes judiciales— “una bomba de tiempo que terminará explotando en todos los niveles del gobierno estatal”.
