La reciente detención en Estados Unidos de Rosa María Rubio Zepeda, viuda del empresario Carlos de Jesús Aguirre Gómez, Director de Grupo Radio Centro, ha generado cuestionamientos en torno a un caso que, de acuerdo con su equipo legal, podría estar vinculado a un conflicto sucesorio y al uso del ámbito penal como mecanismo de presión.
Aunque en algunos medios de comunicación se ha mencionado una posible acusación penal en su contra.
Los abogados José Luis Nassar Daw y José Luis Nassar Peters indicaron que el origen del conflicto se encuentra en la disputa por la herencia con los hijos del primer matrimonio del empresario, Juan Carlos Aguirre Corcuera y Sofía Aguirre Corcuera.
En ese contexto, señalaron que no existen registros públicos de denuncias, reportes de emergencia o intervenciones de autoridad durante el periodo en que, según versiones difundidas, habrían ocurrido los hechos. Recordaron que entre 2011 y 2020, año del fallecimiento de Aguirre Gómez, el empresario continuó con su vida cotidiana, al frente de sus empresas y realizando viajes, sin antecedentes documentados de solicitudes de ayuda.
Asimismo, apuntaron que las versiones que han circulado se sustentan, en gran medida, en testimonios de personas con posible interés en el desenlace patrimonial, lo que —afirman— podría influir en la interpretación del caso. Añadieron que la ausencia de testigos independientes es un elemento que deberá valorarse en su momento por las autoridades competentes.
La defensa también destacó la trayectoria pública de Rubio Zepeda, quien se ha desempeñado como vicepresidenta de la Asociación Gilberto, organización dedicada a labores de apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales.
En el plano legal, recordaron que el testamento del empresario fue impugnado en dos ocasiones sin éxito. El pasado 27 de marzo, un tribunal confirmó su validez y ratificó a Rubio Zepeda como heredera universal. Días después, el 31 de marzo, se registró su detención en Estados Unidos por motivos migratorios.
A partir de esta secuencia, los abogados consideran que, tras agotarse las vías civiles, el conflicto podría haberse trasladado al terreno penal, lo que —señalan— abre el debate sobre los límites entre disputas familiares y el uso de mecanismos legales en México.
Finalmente, indicaron que corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos suficientes en el expediente, en un caso que podría incidir en la discusión sobre el uso del sistema de justicia en controversias de carácter patrimonial.
