Los aliados de la injusticia y sus oscuros intereses

Abogados y funcionarios públicos

Julio y Germán Huerta Gómez, originarios de Tehuacán, Puebla son abogados de la Diputada Mónica Caballero Garci-Crespo, a la par que se desempeñan como funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Puebla. ¿Los intereses de la ciudadanía poblana están por detrás de su labor como defensores de la injusticia?

Desde el 2018, dos años después de iniciada la primera demanda de la Monina para anular el testamento de Socorrito, Julio y Germán Huerta Gómez se presentaron ante el juez que llevaba el caso como abogados patronos, es decir, representantes principales de la diputada que hoy se hace llamar Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

El problema es que ambos abogados laboran en el actual gobierno presidido por Miguel Barbosa Huerta, tío de los citados abogados. Además de nepotismo, los funcionarios entran en conflicto de intereses al defender a otra funcionaria pública que se preocupa más por cómo incrementar su ya cuantiosa riqueza, que, por legislar en favor del pueblo, como presume Morena, el partido que representan.

Germán Del Ángel Huerta Gómez es Director General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Patrimonio de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla. Mientras su hermano Julio Miguel Huerta Gómez es Director General de Gobierno del Estado de Puebla, durante la administración de su tío el gobernador poblano.

Además, la familia de Mónica Caballero es muy cercana a los Huerta Gómez. Cuando el difunto padre de sus abogados falleció hace un par de años, Maricarmen Caballero, hermana de la diputada, María de Lourdes Garci-Crespo Rama, madre de ambas, expresaron sus condolencias públicamente como cuando se da el pésame a un amigo muy querido. Por una larga amistad entre las familias Huerta y Garci-Crespo y de intereses comunes, han pasado por encima de la ley y de los electores poblanos burlándose abiertamente de ellos.

En términos legales estos hechos sospechosos se denominan “hechos notables” porque son relevantes a la hora de que el juez de su veredicto. Son ilegales y generan más irregularidades de las que ya hay en el caso. Eso sin hablar de la ética, y de los principios de legalidad, honradez, lealtad y eficiencia a los que deberían ceñirse los funcionarios públicos.

Es vergonzosa la calidad de funcionarios públicos, empezando por la flamante diputada, secundada por sus secuaces, el trío de la injusticia.