Una investigación de Animal Político documentó resoluciones del Juzgado Décimo Segundo de Distrito, con sede en Tijuana y encabezado por la jueza Cristina Martínez Aguilar, que tuvieron efectos en medidas cautelares dentro de procesos penales por homicidio calificado y secuestro. Los expedientes revisados corresponden a distintos juicios de amparo e incidentes de suspensión tramitados durante 2025 y 2026.
Uno de los casos analizados terminó con la sustitución de la prisión preventiva después de una nueva audiencia derivada de una suspensión concedida por el juzgado. El cambio permitió que el imputado continuara su proceso en libertad, mientras el procedimiento penal permaneció abierto.
La situación aparece en el amparo 852/2026, promovido a favor de una persona vinculada con un proceso por homicidio calificado. Antes de esa determinación también se había promovido el amparo 792/2026, relacionado con el mismo sujeto y otro proceso por homicidio calificado. Las principales actuaciones de ambos expedientes ocurrieron entre agosto y septiembre de 2026.
En el expediente 792/2026, una suspensión provisional llevó a revisar la prisión preventiva que había impuesto un juez de control. En el 852/2026, la suspensión concedida por el juzgado federal antecedió a una nueva audiencia en la que la medida cautelar fue sustituida, con lo que el imputado obtuvo su libertad durante la continuación del proceso.
Además de estos dos expedientes, existen otros procedimientos tramitados ante el mismo Juzgado Décimo Segundo de Distrito que están relacionados con investigaciones por homicidio calificado. Entre ellos se encuentran los incidentes de suspensión 517/2026-VII, 530/2025-VII y 153/2026-V. Uno de estos asuntos llegó ante la presidenta Claudia Sheinbaum cuando la madre de una víctima expuso el caso en una de las conferencias matutinas.
Los expedientes revisados por el medio también incluyen un caso por secuestro. Se trata del amparo 846/2026-I y su incidente de suspensión, relacionado con la causa penal 1065/2023. En este procedimiento, la representación ministerial presentó un recurso de queja contra la determinación del juzgado, al considerar que sus efectos incidían en la medida cautelar establecida dentro del proceso penal.
A partir de estos casos, abogados locales también han planteado dudas sobre la participación de terceros interesados en algunos juicios. De acuerdo con sus señalamientos, habría procedimientos en los que no fueron llamados todos los actores con interés jurídico respecto de las consecuencias de las suspensiones, entre ellos representantes de víctimas y autoridades ministeriales.
Los cuestionamientos abarcan además referencias a quejas por la presunta participación de operadores o intermediarios relacionados con personal del juzgado, a quienes se atribuiría la gestión de resoluciones favorables. También se han presentado ante el Tribunal de Disciplina Judicial quejas relacionadas con la actuación de este órgano jurisdiccional que, según integrantes del foro jurídico local, permanecen pendientes de resolución.
La existencia de varios expedientes con resoluciones sobre medidas cautelares no acredita por sí misma una irregularidad. Los abogados que han planteado los cuestionamientos consideran necesario revisar, entre otros aspectos, el turno de los asuntos, los criterios aplicados para conceder las suspensiones y los efectos que tuvieron las determinaciones federales en los procesos penales.
Los casos corresponden a procedimientos distintos y deberán resolverse conforme a las vías judiciales y administrativas que permanecen abiertas. Por ahora, los expedientes permiten identificar decisiones del Juzgado Décimo Segundo de Distrito que modificaron o llevaron a revisar medidas de prisión preventiva dentro de procesos por homicidio calificado y secuestro, bajo la conducción de la jueza Cristina Martínez Aguilar.
