Una juez condenó el viernes al expresidente colombiano Álvaro Uribe a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y ordenó su detención domiciliaria en un caso de manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer exmandatario sentenciado en la historia del país.
La jueza 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que en su fallo absolvió a Uribe del delito de soborno, también impuso una multa de 578 mil dólares y lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas, según la sentencia a la que tuvo acceso Reuters y que fue confirmada por abogados vinculados al proceso.
La condena es la más reciente decisión en un largo proceso profundamente polarizado de casi 13 años, en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores piden justicia.
Uribe, de 73 años y quien gobernó a Colombia por dos periodos consecutivos entre el 2002 y el 2010, se declaró inocente durante el juicio. La defensa del expresidente anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La sentencia se conoce en el preámbulo del inicio de las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, en las que se elegirá un nuevo Congreso, así como el sucesor del izquierdista Gustavo Petro y en las que varios aliados del exmandatario competirán.
También podría tener implicaciones en las relaciones con Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de Colombia y su mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó el fallo esta semana y Petro exigió respeto a la independencia del poder judicial, mientras analistas han advertido de un recorte de la ayuda de Washington a Colombia en respuesta.
Largo y complejo proceso
Previamente, la justicia rechazó dos solicitudes de la fiscalía para archivar el proceso contra Uribe, quien en 2012 acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares, durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero del 2018 la Corte Suprema de Justicia dijo que Cepeda recopiló información como parte de su trabajo sin pagar ni presionar a exparamilitares.
En cambio, el tribunal aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
Uribe se unió a una lista de exmandatarios latinoamericanos que enfrentaron procesos criminales e incluso fueron a la cárcel, como el peruano Alberto Fujimori, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa, la argentina Cristina Fernández y el panameño Ricardo Martinelli.
El exmandatario impulsó durante su administración una ofensiva militar que obligó a la guerrilla izquierdista a replegarse como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450 mil muertos.
Uribe, quien fundó el partido derechista Centro Democrático, opositor al gobierno de Petro, permaneció dos meses bajo arresto domiciliario en 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la justicia.
El político, quien renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la fiscalía argumentando que la corte no le ofrecía garantías, recordó durante el juicio que extraditó a Estados Unidos a los jefes paramilitares que permanecían en una cárcel y seguían delinquiendo.
Los ilegales escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla, pero se desbordaron con sangrientos ataques.
Una comisión de la verdad reveló que los grupos paramilitares, la mayoría desintegrados en 2005 en una negociación de paz que promovió Uribe, fueron responsables de al menos 205.000 asesinatos dentro del conflicto armado, más del 45% de los homicidios registrados.
