El recorte del 15% que el gobierno federal aplicó unilateralmente desde el 2021 a las proveedoras de limpieza ponen en riesgo el empleo de más de 220 mil afanadores, pues integrantes del ramo ya analizan cortar relaciones contractuales con la administración pública.
Asociaciones gremiales y organizaciones del sector que optaron por el anonimato reconocieron que a un año que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó a la baja los precios de referencia para los pagos, la situación se ha vuelto insostenible, por lo que no solo están en riesgo los miles de trabajadores directos, se calculan afectaciones para al menos un millón de personas si se considera a sus dependientes económicos.
Esto, toda vez que el salario mínimo ha aumentado más de 60% de 2019 a la fecha y que los precios han escalado como resultado de la creciente inflación en el país.
“Por un lado hemos cumplido con nuestras responsabilidades al atender los crecimientos en el salario mínimo, que ha pasado de 102 pesos en 2019 a 172 pesos en el año en curso; sin embargo, por otra parte absorbemos las alzas en costos de materiales y equipo, que ha traído consigo la inflación, además del ‘ajuste’ que Hacienda hizo de manera unilateral, sin existir un estudio de mercado, y sin explicación a las más de cien empresas registradas en el Contrato Marco desde el 14 de octubre de 2021”, explicaron en una misiva enviada hasta este medio de comunicación.
Respecto a las modificaciones realizadas por la autoridad el año anterior, las inconformes presentaron documentación en la que se observa que la cotización pasó de 14 mil 388 pesos a 12 mil 805 pesos mensuales en la zona de la frontera, es decir, se le restó 10.9%; mientras que en el resto del país la baja fue de 10 mil 584 pesos a 8 mil 996 pesos, lo que representa una caída de 15%.
“Nos encontramos ante una encrucijada conscientes de la importancia de las labores de aseo para las sedes del gobierno; sin embargo, debemos velar por los derechos de nuestros miles de trabajadores y si continuamos en las condiciones actuales, quedaríamos impedidos para cumplirlos, ya que no solo nos enfrentamos a los aumentos salariales ya registrados, sino al que inminentemente se aplicará a partir de este 1 de enero, así como a los incrementos inflacionarios de nuestros productos”, remarcaron.
Fue el 1 de enero de 2019 cuando se hicieron los primeros ajustes al salario, al asentar el general en 102.68 pesos y el de la zona fronteriza en 176.72 pesos; en 2020, prosiguieron con 123.22 pesos y 185.56 pesos, respectivamente; en 2021, totalizaron en 141.70 y 213.39 pesos; mientras que en 2022 llegaron a 172.87 pesos y 260.34 pesos, en cada uno de los casos, por lo que solo en este último ejemplo el alza fue de 22%, e incluso anunciada como la más alta de los últimos 34 años.
Durante la primera quincena de octubre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 8.53%, lo que significa el tercer registro a la baja; no obstante, el indicador rebasa por más del doble el objetivo del Banco de México, que se ha fijado como meta permanente de inflación anual únicamente 3%.
