La Secretaría de Educación Pública (SEP), durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez, otorgó un contrato por 341.2 millones de pesos a un grupo de empresas de outsourcing que están ligadas a un presunto fraude en Segalmex por 295.3 millones de pesos.
En ambos casos, tanto en la SEP como en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló anomalías.
Tras su paso por la SEP, actualmente Delfina Gómez es candidata de Morena al Gobierno del Estado de México.
Para los Servicios especializados de administración de recursos humanos y pago de honorarios para los agentes de aprendizaje del Servicio Nacional de Bachillerato, conocido como Prepa en línea, la dependencia contrató en 2021 a Ovaide, Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios y Gurges Implementación de Negocios.
La dependencia, dirigida por Delfina Gómez, eligió a ese conglomerado de compañías, a pesar de que en la revisión de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en una adjudicación directa con Segalmex en la que participaron tres de esas empresas, lo que derivó en un pliego de observaciones por un presunto daño a la Hacienda Pública por 295.3 millones de pesos.
En dichas observaciones aparecen estas compañías, con la excepción de Ovaide, que no participó en el contrato con Segalmex.
El referido proceso de auditoría a Segalmex culminó en enero de 2021, previo a la presentación del informe completo de la Cuenta Pública, mientras que el contrato con la SEP se firmó en junio de ese año.
Servicios a la SEP
Mediante el proceso de licitación pública SEP 2021-A-L-NAC-A-A-11-712-00001313, la dependencia encargó a esas empresas la gestión y pago a profesores y colaboradores de Prepa en Línea.
El servicio de outsourcing se pactó tan solo dos meses antes de que la figura de subcontratación quedara eliminada en la legislación mexicana, lo cual ocurrió en septiembre de 2021.
Además, en la auditoría de cumplimiento 2021-0-11100-19-0258-2022, practicada por la ASF en su revisión a la Cuenta Pública 2021, cuyos resultados se presentaron en febrero pasado, se descubrieron varias anomalías en la asignación de ese contrato de la SEP al grupo de empresas que presuntamente defraudaron en Segalmex.
Por ejemplo, en el caso de Imago Centro de Inteligencia de Negocios, la ASF constató que, habiendo sido contratada, “no realizó ninguna actividad relacionada con los servicios de administración de recursos humanos y pago de honorarios de los Agentes de Aprendizaje, ya que únicamente facturó y cobró los referidos servicios, lo que evidencia que sólo participó en el proceso de licitación para obtener puntos que le permitieran al grupo de empresas resultar adjudicado”.
Es decir, de acuerdo a la ASF esta empresa participó junto con el conglomerado en el proceso de licitación para que este pudiera alcanzar el puntaje necesario y obtener el contrato, pero después no colaboró en la realización de las tareas asignadas por la SEP.
Otra de las irregularidades es que las empresas contrataron a 414 agentes de aprendizaje; es decir, profesores de Prepa en Línea, para atender hasta seis grupos; sin embargo, durante la fiscalización la ASF detectó que al menos 233 estaban dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como trabajadores de otras empresas, con jornada de hasta 40 horas semanales.
La Auditoría concluye que esa anomalía “resta certeza a respecto de la realización de las actividades que dichos agentes reportaron en sus respectivos Informes de Actividades”.
A su vez, la ASF pidió al Órgano Interno de Control de la SEP comenzar las indagatorias y, en su caso, establecer las sanciones contra Ovaide, Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios y Gurges Implementación de Negocios, debido a las irregularidades presentadas en la prestación del servicio de subcontratación de profesores para el bachillerato en modalidad virtual.
El órgano fiscalizador federal detectó también que el grupo de empresas mintió, pues anexó los datos curriculares de un contador certificado como parte de su plantilla laboral, pero éste nunca trabajó con esos corporativos.
Para la ASF es una situación de relevancia, pues con esa simulación el conglomerado de empresas pudo obtener el contrato por más de 300 millones de pesos, pues, de no haber incluido ese perfil de contador como parte de su plantilla, no hubiera alcanzado el puntaje necesario y su propuesta se habría desechado.
Por esa razón, en febrero pasado, como parte del informe de la Cuenta Pública 2021, se pidió al Órgano Interno de Control de la SEP que investigue y, en su caso, sancione a los funcionarios que no supervisaron o dejaron pasar esos detalles en el proceso de licitación.
Se debió “solicitar a los licitantes que participaron en dicho procedimiento que presentaran la documentación que acreditara su relación laboral con los profesionales que, de acuerdo con el apartado de la convocatoria denominado Capacidad del Licitante, era necesario que contaran con éstos previamente a la adjudicación del contrato, lo cual cobra relevancia toda vez que el grupo de empresas que resultó adjudicado manifestó contar con los recursos humanos técnicamente aptos para la prestación de los servicios”.
Ligas con SEGALMEX
En 2019, tres de las cuatro empresas contratadas durante la gestión de Delfina Gómez en la SEP presuntamente cometieron un daño a la Hacienda Pública en un contrato con Segalmex.
La Auditoría Superior de la Federación documentó, en su revisión 2019-1-08JBP-19-0283-2020, presentada en febrero de 2020, que Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios y Gurges Implementación de Negocios (junto con otras tres empresas) no acreditaron que cumplieron con el contrato que se otorgó como Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales.
Se detectó que, en 2019, ese grupo de empresas fue contratada por Segalmex para la subcontratación de personal y prácticamente cometió las mismas irregularidades que con la SEP.
Sin embargo, en el caso de Segalmex no “proporcionó los reportes de actividades, la constancia de afiliación del prestador del servicio al IMSS, recibos de nómina timbrados por el prestador del servicio con comprobante de transferencia al personal, listas de asistencia del personal, contratos trimestrales, cartas de los asimilados, órdenes de servicio de consultas, ni los informes de resultados u opiniones por la orden de servicios, de conformidad con las condiciones pactadas contractualmente”.
Por lo que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 295 millones 378 mil 922.01 pesos por no acreditar con documentación justificativa y comprobatoria, el debido cumplimiento de la prestación del servicio especializado en apoyo a actividades institucionales”.
Segalmex es una de las dependencias con mayores señalamientos de quebranto en esta administración, con un daño patrimonial superior a los 15 mil millones de pesos entre diversos contratos.
