El arancel del 25% decretado por Estados Unidos contra una parte de las importaciones brasileñas entra en vigor este miércoles, mientras el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva estudia cómo responder a la nueva ofensiva comercial de la administración de Donald Trump.
El gravamen, anunciado la semana pasada, es el resultado de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que concluyó que determinadas políticas brasileñas son «desleales» y perjudican los intereses de las empresas estadounidenses.
Entre esas prácticas citó el sistema de pagos automáticos PIX, las trabas para acceder a ciertos mercados brasileños, como el automovilístico o el de combustibles, la lucha contra la corrupción, las leyes de propiedad intelectual y la deforestación ilegal.
Se estima que la nueva tarifa adicional afectará al 18% de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, aunque algunas asociaciones comerciales elevan el impacto a cerca de un tercio.
Los productos más golpeados serán las máquinas industriales, el azúcar, el etanol, la madera y el calzado.
No obstante, Trump eximió del arancel a unos 2 mil 100 productos, entre ellos la carne, el café, el petróleo, las piezas para la fabricación de aviones, el zumo de naranja y las tierras raras, insumos de extrema importancia para su mercado doméstico.
Brasil baja el tono tras prometer reciprocidad
Mientras tanto, el gobierno de Lula evalúa las opciones para responder. En un primer momento, anunció que iba a activar «inmediatamente» los trámites previstos para adoptar represalias, recogidos en la llamada «Ley de Reciprocidad», aprobada en abril de 2025 por el Parlamento.
Pero el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y varios ministros se encargaron de bajar el tono en los días siguientes y de reforzar que la prioridad es dar apoyo a las empresas afectadas.
Algunos sectores productivos nacionales ya han manifestado al Ejecutivo que no apoyan entrar en una escalada de aranceles con Estados Unidos, uno de los mayores socios comerciales de Brasil.
La Administración de Lula toma nota y sigue apostando por negociar con la potencia norteamericana.
«La idea no es la retaliación. Dicen que ‘ojo por ojo’ y lo que puede pasar es que los dos queden ciegos. La reciprocidad significa decir: ‘miren, estamos siendo objeto de una injusticia y queremos corregirla; tenemos instrumentos para hacerlo en el momento oportuno y de la forma adecuada'», afirmó Alckmin el martes a los periodistas.
El vicepresidente tachó de «injustos e infundados» los argumentos sobre los que se basa el nuevo arancel y recordó que Washington tiene un abultado superávit comercial con Brasil.
No obstante, la situación podría agravarse en los próximos días, ya que Brasil es uno de los 60 países que están bajo investigación por Estados Unidos por un supuesto uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, lo que podría culminar en un arancel adicional del 12.5%.
Por su parte, Lula se ha manifestado sobre el asunto apenas en sus redes sociales.
La semana pasada aseveró que sólo se pronunciará cuando Trump, con quien ya ha hablado en persona y por teléfono varias veces en el último año, explique públicamente las razones del nuevo «tarifazo».
«Cuando Trump hable, yo hablaré. Si Trump no habla, no hablaré porque vamos a demostrar que, en lo que respecta a Brasil, nadie gana mintiendo», manifestó el líder progresista el viernes pasado, en un acto en Río de Janeiro.
El arancel llega, además, en un momento en el que el país se prepara para las elecciones presidenciales de octubre, para las que Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo, con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro, aliado de Trump, como su principal adversario, según las encuestas.
