Integrantes de la Comisión de Agricultura, que preside la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, abordaron los alcances de la Ley General de Aguas, que tiene el objetivo de reconocer el derecho humano al agua y el saneamiento, recuperar la rectoría del Estado sobre este recurso, así como asegurar que se gestione con criterios de justicia social, sustentabilidad y planeación a largo plazo.
Para el campo mexicano, dijo la senadora, este nuevo marco jurídico representa la oportunidad de contar con certeza legal y una política de Estado en materia hídrica, así como del uso racional del líquido en un contexto de escasez.
En la presentación del documento “Modificaciones al marco legal para el uso del recurso hídrico en agricultura”, Oscar Jovanny Zavala Gamboa, subdirector general jurídico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), destacó que este marco legal regula la vinculación del derecho humano al agua con otros derechos, como a la salud, saneamiento y la seguridad alimentaria.
También, dijo, fortalece la rectoría de la CONAGUA para garantizar la seguridad hídrica, se establecen los mecanismos para el ordenamiento de las concesiones; y se eliminan las transmisiones de títulos de concesión entre particulares y los cambios de uso.
Además, mandata que para el otorgamiento de prórrogas se considerará la responsabilidad hídrica, el cumplimiento de obligaciones en el pago de derechos de agua y se crea un nuevo Registro Público Nacional del Agua y, con todo ello, “se da certeza al campo mexicano”, subrayó.
En su presentación, Zavala Gamboa subrayó que el artículo 48 de la Ley de Aguas Nacionales prevé que las personas ejidatarias, comuneras y pequeñas propietarias, así como los ejidos, comunidades y demás personas titulares o poseedoras de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, disponen de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que tuvieran concesionadas.
Por otra parte, hizo un llamado a los actores del campo para que puedan aprovechar el Decreto de Facilidades Administrativas, con el que serían beneficiados para obtener un ordenamiento de concesiones.
La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz consideró que dialogar sobre esto es abordar un tema central para el desarrollo del campo mexicano, la gestión del agua y el impacto que el nuevo marco jurídico tiene en las actividades agropecuarias y de quienes producen los alimentos que llegan a las familias mexicanas.
El espíritu de esta reforma -dijo-, es el de reconocer plenamente el derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado en un sector estratégico y de asegurar que este recurso esencial se gestione con criterios de justicia social, sustentabilidad y planeación de largo plazo.
La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, destacó la importancia de conocer cómo impactarán estos cambios en la vida de las comunidades del campo y permitirán articular los principios de sustentabilidad, legalidad y justicia hídrica con la realidad operativa del sector agropecuario.
Del PAN, Miguel Márquez Márquez subrayó que está establecido el tema de la seguridad alimentaria al priorizar el binomio tierra-agua, así como eliminar la transmisión de concesiones, aunque dijo que es necesario revisar el tema de relocalización en el mismo predio.
