Entre enero y marzo de este año se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en el país, con un promedio de 32.4 casos diarios
En medio de las crecientes denuncias por extorsiones y presuntas presiones contra empresas en Nuevo León, la Coparmex estatal y diversas centrales sindicales anunciaron la integración de un nuevo consejo para coordinar acciones frente a problemáticas que afectan al sector productivo. El organismo, denominado Consejo Social, Económico y Ambiental de Nuevo León (CONSEA), buscará generar acuerdos entre empresarios y trabajadores.
La conformación del consejo ocurre en un contexto donde cámaras empresariales han advertido sobre inspecciones excesivas, cobros indebidos y prácticas que consideran discrecionales por parte de autoridades. Organismos como Coparmex y Caintra sostienen que estas situaciones impactan especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas.
Así mismo, datos expuestos por la Coparmex nacional, revelan que entre enero y marzo de este año se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en el país, con un promedio de 32.4 casos diarios. Aunque la cifra representa una reducción marginal de 3.73% respecto al mismo periodo de 2025, el organismo señaló que se mantiene como el segundo nivel más alto de los últimos 11 años.
La confederación añadió que el 97% de los casos no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación. Además, detalló que 68% de las extorsiones corresponden a llamadas telefónicas, mientras que 31.2% involucran otras modalidades, incluidos cobros de piso. En el caso de empresas afiliadas que reportaron haber sido víctimas, 37% señaló que el cobro fue realizado por autoridades o personas que aparentaban serlo.
Los señalamientos ocurren en medio de una creciente discusión en Nuevo León sobre inspecciones, auditorías y presuntas presiones administrativas por parte del gobierno de Samuel García contra empresas. Apenas la semana pasada, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), presidida por Jorge Santos Reyna, informó que tres de cada 10 empresas afiliadas reportan inspecciones ilegales por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
Caintra señaló que dependencias estatales como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud realizan revisiones similares sobre un mismo establecimiento, lo que genera duplicidad de procesos, discrecionalidad y riesgos de clausura o extorsión. El organismo adelantó que impulsará una Ley de Procedimientos Administrativos para homologar criterios de inspección y reducir espacios de interpretación discrecional entre empresas y funcionarios.
Asimismo, durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, celebrada los días 20 y 21 de marzo de 2026, empresarios del sector comercial denunciaron retención de permisos, multas y cierres administrativos en distintos municipios y dependencias estatales.
En ese encuentro, el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, afirmó
que existe una “creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno” que utilizan trámites, permisos y pagos como mecanismos de presión sobre negocios y empresas.
“Imponen multas e incluso llegan al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”, declaró el dirigente frente a representantes del sector privado y autoridades estatales.
Las denuncias empresariales coinciden además con el conflicto entre el Gobierno estatal encabezado por Samuel García y la empresa extractiva Materiales Triturados Martínez (Matrimar), ubicada en el municipio de Cerralvo. Desde 2025, la compañía ha denunciado presuntos actos de “extorsión institucional” relacionados con auditorías, clausuras y cobros derivados del impuesto ambiental estatal implementado en 2022.
El caso escaló tras la difusión de audios en los que presuntamente se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa. Posteriormente, legisladores locales solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la investigación ante la presunta participación de funcionarios estatales. El Gobierno de Nuevo León ha rechazado las acusaciones y sostiene que las acciones emprendidas corresponden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales.
