Por Jorge Ramón Rizzo*
Desde el Caribe hasta el Pacífico, pasando por el Golfo, las obras en los puertos de Cozumel, Veracruz y Manzanillo evidencian que el desarrollo económico frecuentemente colisiona con la preservación de ecosistemas marinos críticos e irremplazables.
Nadie duda que las infraestructuras portuarias son los motores del comercio y el turismo en México; sin embargo, su expansión desmedida e irregular ha dejado profundas huellas ecológicas en los litorales del país. Particularmente por la falta de cumplimiento de los ordenamientos ambientales. Las denuncias de colectivos locales y las intervenciones legales de organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ponen de manifiesto la urgencia de reevaluar estos megaproyectos.
Empecemos por la ampliación del Puerto de Veracruz, que representa uno de los conflictos ambientales más graves del Golfo de México, llevando el caso incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Organizaciones ambientalistas en mi natal Veracruz, denuncian que las autorizaciones de impacto ambiental se han otorgado de manera fraccionada, ignorando el daño acumulativo y sistémico sobre todo el ecosistema marino veracruzano, que también genera destrucción de corales, así como la erosión de playas y humedales.
Las obras del nuevo rompeolas del puerto de Veracruz han alterado las corrientes litorales, cubriendo de sedimentos más de 70,000 metros cuadrados del arrecife Punta Gorda, un daño catalogado como irreversible por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que fue consultado por Focus Group para hacer posible ésta entrega.
La modificación de la hidrodinámica costera ha provocado la pérdida acelerada de espacios públicos playeros y el deterioro de humedales costeros esenciales. Los expertos me alertan sobre el daño irreversible que ello generaría, pues cada vez queda menos playa y cuando hay tormentas se meten las olas al boulevard de Veracruz, como se reporta en los noticiarios y podcasts informativos.
El segundo caso al que me referiré en esta entrega es el de la Laguna de Cuyutlán, que se encuentra bajo amenaza por las obras en Manzanillo, ya que en Colima, se encuentra el que sin duda es el puerto comercial más importante del Pacífico, mismo que busca triplicar su capacidad mediante el megaproyecto denominado «Puerto Nuevo», desatando alarmas sociales y ecológicas en torno a la Laguna de Cuyutlán.
Las obras proyectadas implican la remoción de densas zonas de manglares protegidos, que actúan como sumideros de carbono y escudos vitales contra ciclones. A lo que se suma el dragado y la apertura del vaso lagunar al agua marina alteran la delicada mezcla de agua dulce y salada. Esto destruye las zonas de reproducción de peces, amenazando de colapso a la pesca ribereña y a la milenaria tradición salinera de la región.
La devastación del manglar, la opacidad y derrames de cruce de aguas, ha despertado a colectivos locales como «Salvemos Cuyutlán», que han denunciado el ingreso de maquinaria pesada sin manifiestos de impacto ambiental públicas y vigentes, sumado al riesgo histórico de manchas urbanas y derrames de hidrocarburos en las inmediaciones del recinto portuario. Una mezcla evidente de caos ecológico marítimo para esa parte del Pacífico mexicano.
El tercer caso motivo de este artículo es el de la Joya del Caribe mexicano: Cozumel, que es famoso mundialmente por la biodiversidad de sus sistemas coralinos, y que ha sufrido el impacto directo de la infraestructura dedicada a los cruceros. Al dragado constante necesario para abrir paso a los navíos de gran calado, se ha sumado la propuesta y construcción de nuevos muelles de cruceros, como el polémico cuarto muelle, que desató batallas legales debido al riesgo inminente sobre los arrecifes periféricos.
Al menos un par de especialistas que consulté me hicieron ver qué se está generando un debilitamiento de las barreras de coral, lo que hace que la isla pierda su defensa natural más importante contra el embate de huracanes, acelerando la erosión de sus playas blancas.
En síntesis: La pérdida de biodiversidad, el deterioro de las defensas climáticas naturales y el impacto en las comunidades locales exigen auditorías ambientales rigurosas, transparencia absoluta y el estricto cumplimiento de los tratados internacionales de protección costera. Los casos de Cozumel, Veracruz y Manzanillo demuestran que las obras portuarias en México no pueden seguir ejecutándose bajo criterios meramente comerciales. El progreso económico de un puerto no debe cimentarse sobre la muerte de sus ecosistemas y en ello Greenpeace y una decena de organizaciones se mantienen en pie de lucha y ojalá más comunicadores utilicemos nuestras respectivas tribunas para visibilizar esto. El planeta nos necesita.
*Periodista/Tlaxcala
