Familiares de José Guadalupe Ramírez Flores exigen justicia y la limpieza de su nombre tras ser señalado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato como un presunto agresor abatido en Celaya.
Su familia presentó pruebas y videos que demuestran que José era un trabajador en jardinería del Álamo Country Club y no un delincuente.
La tarde del lunes 4 de mayo, la calle José María Morelos se registró un enfrentamiento en un ataque contra agentes de la Fiscalía.
El saldo oficial de la Fiscalía fue de un agente lesionado y un presunto criminal abatido. Sin embargo, ese hombre señalado era José Guadalupe, un jardinero de 39 años y vecino de la comunidad de San José de Guanajuato.
Sus tres hermanos y su hijo de 17 años presentaron los registros del checador digital del fraccionamiento donde José trabajó por casi 13 años. Los documentos son claros: José inició su jornada a las 5:59 de la mañana y checó su salida definitiva a las 5:08 de la tarde, tras haber permanecido una hora extra recolectando pelotas de golf para ganar un dinero adicional para su familia.
De acuerdo con los testimonios recabados por sus allegados, José regresaba a casa en su motocicleta Honda roja cuando quedó atrapado en el incidente. Testigos aseguran que, tras caer herido por disparos en las piernas al intentar orillarse, José pidió auxilio, pero una agente ministerial se habría acercado para dispararle de nueva cuenta mientras se encontraba indefenso en el suelo.
“José Guadalupe deja en la orfandad a un joven de 17 años y a una niña de tan solo 10 años. Mientras la autoridad mantiene su postura en los comunicados, la familia Ramírez Flores advierte que no descansará hasta que se reconozca que José fue una víctima de un abuso de autoridad”, dijo un hermano del fallecido.
La Fiscalía defendió su versión de los hechos.
“De acuerdo con los datos preliminares recabados durante la intervención, el ahora fallecido y las personas que lo acompañaban agredieron de manera directa a elementos de Investigación Criminal que se encontraban en cumplimiento de funciones oficiales. Ante una amenaza real, actual e inminente, los agentes actuaron en legítima reacción operativa para salvaguardar su integridad y su vida”, informó la Fiscalía en un comunicado
La Procuraduría de Derechos Humanos inició una investigación.
