La Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México (ICC México), alerta sobre un nuevo golpe a la institucionalidad que pretende el partido Morena en la Cámara de Diputados, donde en los siguientes días buscará aprobar una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y las leyes federales de Competencia Económica y de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al quitar a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) o del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de presentar querellas en relación a delitos relacionados con competencia económica.
Los órganos constitucionales autónomos COFECE e IFT, han sido desde 2011 los encargados de realizar acuciosas investigaciones de carácter técnico, sin ningún tipo de carga política ni de intereses de grupo, para determinar si existen elementos desde el punto de vista administrativo para concluir la gravedad de una situación que pueda conducir a una sanción administrativa contando, además, con la atribución de presentar querellas en la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que se inicie un procedimiento penal conforme al artículo 254 bis del Código Penal Federal (delitos relacionados con prácticas monopólicas absolutas).
Para la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, quitar pesos y contrapesos en el inicio de este tipo de procedimientos penales, es riesgoso pues requieren de un análisis técnico de la COFECE y el IFT, indispensable para poder evaluar cuando esa conducta resulta muy grave para los consumidores.
COFECE y la FGR acordaron en 2019 en trabajar en la formación de personal especializado y en facilitar la presentación de querellas, pero la Fiscalía no ha cumplido y su inacción ha provocado que las querellas presentadas se encuentren empantanadas por la falta de respuesta.
Asimismo, debido a la carencia de conocimientos, la iniciativa presentada por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario de Morena, deroga un párrafo del artículo 254 bis del Código Penal Federal que garantiza la operación del Programa de Inmunidad, el cual ha sido el instrumento más importante del sistema de competencia para sancionar a los cárteles económicos, exitoso desde su instalación en 2011 a la fecha.
Este Programa de Inmunidad permite que, si alguien está participando en un acuerdo con sus competidores o ha participado en él, pueda acudir ante la COFECE o el IFT y ofrecer su cooperación en el procedimiento de investigación, a cambio de reducir su sanción administrativa y quedar excluido de las investigaciones en materia penal. La derogación propuesta permitiría que se persiguiera inclusive a aquellas personas protegidas por el Programa de Inmunidad, haciéndolo inoperante en el futuro.
El Programa de Inmunidad ha sido tan exitoso que casi todas las sanciones de cárteles económicos realizadas por las autoridades de competencia, han tenido a alguien que ha decidido acogerse a él y cooperar con la autoridad de competencia, porque tienen temor no solo de la sanción administrativa, sino también del inicio de un procedimiento penal.
Para la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, otorgar discrecionalidad a la FGR para perseguir probables delitos de desabasto sin el contrapeso técnico necesario y la afectación al programa de inmunidad, no sólo son un grave error para continuar mejorando las condiciones del país en materia de competencia, sino que serán de gran riesgo también para el empresariado.
Si se quisiera avanzar de verdad, el Congreso de la Unión debería insistir en que la FGR forme cuadros especializados en temas de persecución de este tipo de delitos económicos y, además, facilite la presentación de las querellas. Es decir, no se debe quitar la querella, sino facilitarla y trabajar en colaboración con la COFECE y el IFT, lo cual no ha realizado a pesar del acuerdo de 2019.
Para la ICC México el combate a las prácticas monopólicas se debe mantener con la creación de instituciones fuertes, el cuidado del Programa de Inmunidad como pilar de los instrumentos para perseguir los cárteles económicos, el respeto al debido proceso y la absoluta y total coordinación entre la autoridad de competencia y las fiscalías.
