La diputada Claudia Quiñones Garrido (PAN) planteó incluir un Capítulo III Bis 1 a la Ley General de Salud con el propósito de garantizar a las personas diagnosticadas con cáncer la continuidad del tratamiento, el suministro de medicamentos oncológicos necesarios y el seguimiento clínico, sin interrupciones.
Establece que cuando una persona sea diagnosticada con cáncer y las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud por falta de suministro o capacidad institucional no puedan garantizar su tratamiento en un plazo no mayor de 21 días naturales siguientes al resultado diagnóstico, deberán autorizar y cubrir los costos del tratamiento en instituciones privadas acreditadas.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Salud para dictamen, estipula que la Secretaría de Salud celebrará convenios con prestadores privados acreditados, definiendo un tabulador tarifario regulado, criterios de calidad, seguimiento clínico y cumplimiento del tratamiento.
En sus transitorios refiere que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Cancerología y demás autoridades competentes, se coordinará con el Registro Nacional de Cáncer para garantizar trazabilidad, control y seguimiento del tratamiento.
La legisladora explica que esta reforma busca garantizar el derecho a la salud, mismo que ha sido reconocido como un derecho humano fundamental por diversos instrumentos internacionales, los cuales México ha ratificado. “En ellos se establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que implica, entre otros aspectos, el acceso oportuno a servicios médicos eficaces”.
Subraya que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas inmediatas para garantizar el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento del cáncer, fijando como criterio clave la oportunidad del tratamiento posterior al diagnóstico, ya que cada semana de retraso reduce significativamente las tasas de supervivencia.
En este sentido, detalla que el cáncer es una enfermedad que, por su impacto epidemiológico, económico y social, debe considerarse un tema prioritario desde un enfoque de equidad, derechos humanos y justicia en salud.
“Es indispensable implementar medidas costo-efectivas y urgentes que garanticen el acceso, diagnóstico y tratamiento oportunos, así como activar la capacidad del sector privado como apoyo subsidiario inmediato ante las fallas del sistema público”, considera Quiñones Garrido.
Expone que en México, a pesar de que el cáncer de mama es la primera causa de muerte, solo tres por ciento de las mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología inició su tratamiento en menos de tres meses, mientras que el 63 por ciento lo hizo después de los seis meses posteriores al diagnóstico.
En tanto, resalta que al sistema de salud pública le cuesta un paciente con cáncer 729 mil 670 pesos anuales en promedio. “Si ese mismo paciente fuera detectado al inicio de la enfermedad, el costo sería de 195 mil pesos anuales. Además, esto eleva en 57 por ciento las probabilidades de éxito del tratamiento”; de ahí la importancia de realizar esta reforma.
Subraya que de aprobarse su propuesta se lograría salvar vidas, reducir costos al erario a largo plazo y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud para todas las personas, sin distinción.
