En promedio, en México apenas en 1 de cada 3 casos, las investigaciones han permitido detonar un proceso penal en una fase inicial.
En los últimos diez meses TOJIL, una organización liderada por abogadas penalistas, especialistas en el combate a la corrupción y que, de la mano de diversos organismos internacionales, buscan que toda la sociedad tenga acceso a la justicia en México, han documentado lo anterior a través de EL CORRUPTÓMETRO.
Los casos reportados suman malos manejos por el orden de los 291 mil millones de pesos en números redondos.
La cifra corresponde tanto a posibles desvíos de recursos públicos, así como a daños ocasionados por hechos de corrupción; ingresos no declarados y que tendrían un posible origen ilícito; operaciones de lavado de dinero público; sobornos exigidos, ofrecidos o pagados para cometer hechos ilícitos; montos de contratos adjudicados a través de trampas o simulaciones; pagos a empresas fantasma; entre otros.
En ellos figuran hechos como que, a varios años de distancia, sigue impune y sin que el dinero sea recuperado. Y casos federales como el de por el que no hay nadie sentenciado; el de los fraudes en cometidos en el actual gobierno; o las frecuentes malversaciones con los recursos de Pemex.
Muchos casos, pocos procesos, raquíticos juicios.
Solo 3 de los 370 casos registrados en EL CORRUPTÓMETRO en los últimos diez meses corresponden a hechos que ya se esclarecieron con una condena o que llegaron a fase de juicio.
Por otro lado, 360 casos corresponden a hechos reportados que no han sido esclarecidos ni reparados, y donde los responsables ni siquiera han sido presentados ya en una fase de juicio. Hay 7 casos más donde esta medición no aplica pues se trata de estudios o balances sobre la situación en torno a estos delitos.
El monitoreo arrojó que solo en el 29.5 por ciento de los casos, es decir en menos de la tercera parte, existe un proceso penal iniciado ante un tribunal Corrupción de todos niveles y colores
Del total de casos incorporados a EL CORRUPTÓMETRO el 51.3 por ciento corresponden a casos ocurridos en el ámbito de las dependencias o instituciones federales; mientras que el 28.9 por ciento involucra a gobiernos estatales; y el 6.7 por ciento a autoridades o procesos municipales. Además, hay un 12.7 por ciento de casos donde están involucrados autoridades de dos o más niveles.
También se clasificaron los casos por el partido político del que emana el gobierno implicado, o al que pertenecen los funcionarios o particulares vinculados con ellos:
, partido del que proviene el gobierno federal y una mayoría de gobiernos locales concentra 147 casos que equivalen a casi el 40 por ciento del total. El figura como el segundo instituto político con más administraciones o funcionarios implicados con 70 casos que equivalen a casi el 19 por ciento. Después se ubica el con un 6.5 por ciento.
La lista continúa con cuyos gobiernos están vinculados con siete casos registrados hasta ahora, y le sigue el con cinco, el Partido Verde Ecologista de México con dos, Fuerza por México con uno, y un gobierno encabezado por un candidato independiente con uno.
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