El Poder Judicial de Perú ordenó cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo, y dispuso su captura a nivel nacional e internacional tras considerar que incumplió reglas de conducta al refugiarse en la Embajada de México, mientras afronta el tramo final del juicio por el intento de golpe de Estado de 2022.
“Además de dictar la restricción de cinco meses de prisión preventiva, [el juez] dispuso que se traslade la orden de captura en el Perú y en el extranjero y que se notifique a la Policía Nacional, a Requisitorias del Poder Judicial y a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, señala la resolución.
La medida sigue a la solicitud presentada por la Fiscalía el 7 de noviembre, que pidió variar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva y cursar orden de captura, alegando riesgo de fuga y obstaculización del proceso. La audiencia fue programada para el 13 de noviembre por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley. El Ministerio Público sostiene que la exjefa del gabinete enfrenta cargos por rebelión y/o conspiración.
Chávez, procesada por su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, incumplió obligaciones como el control biométrico y la prohibición de ausentarse de Lima al ingresar a la residencia diplomática de México el 3 de noviembre, según el requerimiento fiscal. Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos y el Congreso del país nombró como persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El proceso se desarrolla tras un fallo del Tribunal Constitucional que en septiembre anuló la prolongación de la prisión preventiva anterior por haberse extendido fuera de plazo.
El TC dispuso su excarcelación y recordó los estándares de legalidad para la duración de la medida cautelar. La Cancillería peruana confirmó que Chávez recibió asilo de México y que ingresó a la embajada en Lima a la espera de un salvoconducto. El gobierno de Dina Boluarte suspendió el procedimiento de salida mientras evaluaba el caso en foros regionales, un episodio que tensó la relación bilateral meses después de que Lima declarara persona non grata al embajador mexicano en 2023 por declaraciones sobre la crisis peruana.
El expediente de Chávez avanzó en paralelo al juicio principal por el fallido autogolpe de Castillo —quien fue destituido y detenido el mismo 7 de diciembre de 2022— y a las advertencias de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de que se dictaría orden de ubicación y captura si persistían las inasistencias a las audiencias. En su resolución, el juez recogió el pedido fiscal que alegó que la acusada “dejó de asistir al control biométrico y abandonó Lima sin autorización”, además del riesgo de que interfiera con diligencias finales del juicio, hoy en etapa de alegatos.
