La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (PRI) propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de incorporar en esa legislación que los menores de edad deberán estar protegidos contra la violencia vicaria.
La iniciativa, que adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 103, establece que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, “asegurar que las personas menores de edad deberán estar protegidas contra la violencia vicaria”.
Explica que la violencia vicaria es una violencia de género por sustitución en la que el agresor, al perder el control directo sobre la mujer debido a una separación o denuncia, desplaza su ira y dominio hacia lo que ella más ama: sus hijos. En este caso, los menores dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en objetos de tortura psicológica.
Advierte que esta problemática tiene consecuencias devastadoras y duraderas en la salud mental, física y el desarrollo emocional de las infancias, las niñas y niños son manipulados para odiar a la madre, son testigos de agresiones o, en casos extremos, son víctimas de homicidio a manos del progenitor como acto final de venganza.
Expone que la violencia vicaria constituye una grave violación a los derechos humanos de este sector, ya que los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema al ser instrumentalizados para ejercer control y daño, lo que contraviene el principio del interés superior de la niñez establecido en la Constitución.
Indica que este tipo de violencia genera afectaciones profundas en el desarrollo integral de las infancias, quienes pueden ser manipuladas emocionalmente, privadas del vínculo con su madre o expuestas a contextos de violencia que afectan su estabilidad y bienestar.
En muchos casos, las deficiencias en el sistema judicial permiten que los agresores utilicen mecanismos legales para mantener el control sobre sus víctimas, incluso a través de la custodia de los hijos, lo que agrava la situación de riesgo para ellos, refiere.
Subraya que la propuesta busca fortalecer el marco jurídico para prevenir, atender y erradicar la violencia vicaria, reconociéndola como una conducta que requiere atención específica y medidas de protección especializadas.
Puntualiza que se debe garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a esta forma de violencia no solo responde a una obligación legal y constitucional, sino constituye una medida fundamental para preservar el bienestar emocional y el derecho a una vida libre de violencia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su estudio y dictamen.
