En vísperas de la revisión del T-MEC, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, planteó que en la discusión se dé prioridad al Capítulo 27, dedicado al combate a la corrupción, para ampliar la cooperación en materia aduanera y operaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá.
“Es un compromiso internacional que establece un conjunto de obligaciones vinculantes orientadas a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en las actividades económicas, particularmente en el comercio y la inversión internacional. Este capítulo reconoce que la corrupción debilita al Estado de derecho, distorsiona los mercados, afecta la competencia económica y debilita la confianza en las instituciones públicas”, señaló.
Al encabezar el foro “Integridad pública y Estado de derecho, en el marco del T-MEC”, subrayó que el Capítulo 27 establece la obligación de aplicar de manera efectiva las leyes anticorrupción, promoviendo la cooperación internacional mediante el intercambio de información, la asistencia jurídica mutua y la capacitación especializada, por lo cual resulta fundamental frente a esquemas de corrupción que operan a través de redes transnacionales.
En este sentido, dijo, la coordinación entre fiscalías, autoridades administrativas y órganos de fiscalización, junto con el fortalecimiento de capacidades institucionales y la homologación de estándares entre países, se vuelve indispensable, así como la protección a denunciantes de actos de corrupción.
Por ello, sostuvo Ramírez Cuéllar este espacio analiza los desafíos y oportunidades que enfrenta México para fortalecer su arquitectura institucional en materia de integridad pública, a partir de temas claves como la transparencia, las contrataciones públicas, el funcionamiento del sistema aduanero, la fiscalización superior y la protección a denunciantes.
Se propone, destacó, identificar buenas prácticas y rutas de acción que permitan avanzar hacia un sistema anticorrupción más preventivo, coordinado y eficaz, y con ello tener un entorno de comercio e inversión más competitivo y equitativo en América del Norte. Este ejercicio resulta especialmente relevante en un momento en que han iniciado las conversaciones entre los tres países para ratificar el acuerdo de libre comercio.
Comentó que algunos ejes claves de la discusión son el sistema de aduanas, uno de los espacios más sensibles a la corrupción debido a la interacción constante entre autoridades, agentes privados y flujos de mercancía de alto valor, lo que lo vuelve propenso a prácticas como el soborno, la subvaluación, la manipulación arancelaria, con efectos negativos en la recaudación fiscal, la competencia económica y el Estado de derecho.
En este contexto, y conforme a los compromisos del T-MEC, subrayó, resulta indispensable fortalecer los controles internos y los sistemas de auditoría, así como incorporar herramientas tecnológicas que reduzcan la discrecionalidad.
Ramírez Cuéllar señaló que es tiempo de enviar las propuestas para reforzar el Capítulo 27 del T-MEC para que puedan ser incorporadas, particularmente mayor colaboración, un esfuerzo de integración mucho más profundo, una colaboración más estrecha en materia aduanera.
En su oportunidad, Claudia Ávila Connelly, directora General de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales de la Agencia Nacional de Aduanas de México, sostuvo que la integridad en las aduanas no puede entenderse únicamente como un asunto disciplinario o reactivo.
“No se trata sólo de castigar conductas indebidas cuando ya ocurrieron. La gran aportación de la Declaración de Arusha (Revisada) es, precisamente, que coloca la integridad como un sistema institucional con una visión sistémica. Un entramado de liderazgo, reglas, cultura, tecnología, profesionalización, controles, transparencia, rendición de cuentas, orientado a prevenir la corrupción antes de que se materialice”.
En otras palabras, dijo, la integridad no se decreta, ésta no funciona por decreto, sino que se construye todos los días y se sostiene con coherencia institucional. En el caso de México, cualquier aproximación seria a esta agenda debe partir del andamiaje institucional nacional, no de manera aislada.
“La integridad en aduanas no puede plantearse si considerar el Código de Ética de la Administración Pública Federal, el Código de Conducta de la ANAM y de los lineamientos impulsados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ese marco no solo define valores, convierte la integridad en una obligación operativa y legal. Actuar con legalidad, honradez, imparcialidad, transparencia y responsabilidad no debe ser un ideal en abstracto, sino una exigencia concreta del servicio público”, asentó.
Ávila Connelly subrayó que en el contexto del T-MEC y el fortalecimiento del Estado de derecho, resulta primordial fortalecer los controles de combate a la corrupción en las aduanas, ya que son uno de los espacios más visibles del Estado frente al comercio internacional, la inversión y la ciudadanía.
Por su parte, Saraí Salvatierra, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, coincidió en la necesidad de realizar modificaciones al Sistema Nacional Anticorrupción, tomando en cuenta el Capítulo 27 del T-MEC, porque contribuyó a posicionar a México como un socio confiable, en el marco de las negociaciones que se dieron.
Sin embargo, indicó que las últimas reformas que modificaron el sistema de transparencia, el Poder Judicial y de alguna manera el bajo perfil que ha tenido el SNA, posicionan a México en un lugar complicado en la revisión frente al tema y quizá el reto más complicado va a ser la renegociación.
“Por ello creemos que dentro de los compromisos que asumió México a través del T-MEC, sigue siendo relevante seguir apostando por la prevención, el fortalecimiento de la transparencia proactiva y la protección de las personas denunciantes y alertadoras”.
A su vez, Jacobo Pastor, especialista en políticas de integridad y compras públicas de la OCDE, se refirió al Capítulo 13 del T-MEC, que habla de la contratación pública y que ha ganado atención entre los 38 países de la OCDE por tres razones: el monto, pues representa el 12.7 por ciento del PIB y el 29.9 por ciento del gasto gubernamental, la bolsa de dinero que se destina a este rubro y los riesgos de integridad o los riesgos de corrupción.
Al respecto, planteó la necesidad de promover una cultura de integridad en la gestión de las contrataciones públicas.
