La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia será la encargada de revisar la actuación del Ministro Luis María Aguilar al admitir la controversia del estado de Chihuahua contra los nuevos libros de texto, así como al suspender su distribución en dicha entidad.
El Gobierno federal presentó cuatro recursos de reclamación contra los acuerdos dictados por Aguilar el pasado 11 de agosto.
En dos recursos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo y la Secretaría de Educación Pública cuestionan la admisión a trámite de la controversia, alegando que debió ser desechada por improcedente, mientras que otros dos impugnan la suspensión.
El Ministro Jorge Pardo Rebolledo quedó a cargo de elaborar los proyectos de las reclamaciones contra la suspensión, mientras que su colega Arturo Zaldívar hará lo propio para los recursos contra la admisión.
Las salas de la Corte usualmente toman de dos a tres meses para resolver este tipo de recursos, aunque por la importancia del caso, los relativos a la suspensión podrían ser votados en menos tiempo. Aguilar no forma parte de la Primera Sala.
El lunes pasado, Aguilar concedió una suspensión similar al estado de Coahuila, que también está en proceso de ser impugnada por el Ejecutivo, quien esta semana sometió al Ministro a una andanada de ataques en su conferencia mañanera.
Son los únicos estados que han acudido a la Corte por este tema, más allá de los amparos ante jueces federales promovidos por la Unión Nacional de Padres de Familia y otras asociaciones y personas.
Aguilar detalló en sus resoluciones las reglas que fija la Ley General de Educación (LGE) para la elaboración de los planes y programas de estudio, así como de los libros de texto, mismas que según los estados inconformes no fueron cumplidas ni por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ni por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
“El interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los planes y programas de estudio; asimismo, se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros”, explicó el Ministro.
“Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio, establecidos en la LGE”, ordenó.
La resolución del fondo del asunto por parte del Pleno de la Corte, para aclarar la supuesta ilegalidad de los libros, puede tomar más de un año y las sentencias sólo tendrán efectos para Chihuahua y Coahuila.
