La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propuso reformar la Constitución Política, para que se establezca el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales cuando se acredite de manera objetiva y material la intervención de organizaciones criminales o de la delincuencia organizada en el proceso electoral de forma grave, dolosa y determinante para afectar la equidad en la contienda, la libertad del sufragio del proceso electoral y su resultado.
La iniciativa, que plantea adicionar el inciso e) a la Base VI del artículo 41 de la Carta Magna, se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Refiere que esta reforma es una medida de seguridad nacional, de defensa de la democracia y justicia electoral. Con ello, se dota a las autoridades electorales de una herramienta contundente para “anular aquellos procesos donde la voluntad ciudadana haya sido suplantada, secuestrada o viciada por la coacción de la delincuencia organizada”.
Además, indica, protege a los candidatos y partidos políticos que se conducen en el marco de la legalidad frente a aquellos que se benefician del respaldo operativo, financiero o coercitivo de grupos criminales.
Incorpora estándares rigurosos de acreditación, exigiendo pruebas objetivas y materiales, con el propósito de evitar interpretaciones arbitrarias o valoraciones subjetivas. Asimismo, exige que la intervención sea grave, dolosa y determinante, reproduciendo parámetros constitucionales ya reconocidos para otras causales de nulidad electoral, subraya.
Aclara que no se pretende generar incertidumbre respecto de los resultados electorales ni propiciar litigios infundados. “Por el contrario, busca dotar al sistema constitucional de una herramienta excepcional para enfrentar situaciones extraordinarias en las que organizaciones criminales logren alterar de manera significativa la voluntad popular”.
Hace mención que cuando la voluntad ciudadana se encuentra sometida a factores de coerción provenientes de poderes fácticos ilegales, la autenticidad de la elección se ve comprometida y la legitimidad democrática de los resultados queda severamente cuestionada.
Por ello, considera indispensable que el texto constitucional reconozca expresamente que la intervención de organizaciones criminales o de la delincuencia organizada en un proceso electoral constituye una violación de máxima gravedad a los principios democráticos.
“La incorporación de esta causal específica de nulidad electoral permitirá dotar de certeza jurídica a las autoridades electorales, fortalecer la protección constitucional del sufragio libre y garantizar que ninguna elección cuyos resultados hayan sido determinados por la violencia o la injerencia criminal pueda considerarse legítima dentro de un Estado democrático de derecho”, puntualiza.
