Diputadas y diputados, autoridades ambientales y especialistas resaltaron la necesidad de actualizar el marco jurídico para fortalecer la protección de los ecosistemas, garantizar justicia ambiental y dotar de mayor eficacia a los instrumentos de política ambiental.
Lo anterior, en el marco del “Foro nacional para la modernización de la LGEEPA 2026 y la protección al ambiente: Retos, oportunidades y propuestas para el fortalecimiento de la legislación ambiental en México”, convocado por el diputado Jesús Cuanalo Araujo (PVEM).
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera (PVEM) destacó la urgencia de actuar frente a los efectos del cambio climático y construir una legislación con visión de futuro y señaló que las nuevas generaciones no pueden seguir avanzando sin tomar medidas para proteger el medio ambiente.
“Hoy vivimos cambios climáticos más que en años anteriores; formo parte de los diputados jóvenes en esta Legislatura, preocupado, porque ya soy padre, por lo que se va a heredar a los hijos”.
Añadió que México cuenta con una gran riqueza natural y llamó a establecer metas ambientales de largo plazo. “México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero a veces falta creérnosla como mexicanos; creo que sí se puede, estamos en un punto de no retorno, hoy en 2026 tenemos que fijarnos metas a 20 o 30 años más”.
La diputada Xóchitl Zagal Ramírez (Morena), secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que la actualización de la LGEEPA representa una oportunidad para fortalecer la legislación ambiental desde una perspectiva de cambio climático, justicia ambiental y participación ciudadana.
“Tenemos una encomienda muy grande en el próximo periodo legislativo. Agradezco muchísimo a la secretaria Alicia Bárcena por ampliar la conversación y que no sea solamente al interior del sector gubernamental, sino que también se pueda abrir al público en general y al Legislativo para enriquecer el diálogo y la legislación tan necesaria, porque está demasiado desactualizada”.
Destacó la importancia de incorporar mecanismos para identificar y sancionar a quienes ocasionen daños ambientales, así como proteger los recursos naturales y los maíces nativos del país.
Por su parte, Ricardo Medina Calvario, presidente del Colegio de Biólogos de México, explicó que el objetivo del encuentro es integrar aportaciones técnicas y jurídicas para que la eventual reforma responda a los retos ambientales actuales y pueda ser aplicada de manera efectiva.
“La idea es que expertos y biólogos brinden comentarios técnicos y jurídicos para modificar esta iniciativa de ley y que salga realmente modernizada, puntual y, sobre todo, que se pueda ejecutar, porque de repente tenemos leyes que a nivel mundial son reconocidas, la LGEEPA, la Ley de Cambio Climático, que en el país no se han podido ejecutar del todo”.
Indicó que la nueva legislación debe incorporar temas como degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, presión hídrica, cambio climático, justicia ambiental y acceso a la información.
En tanto, René Sánchez Garrido, director jurídico de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que el proyecto de modernización de la LGEEPA ya fue sometido a los procedimientos de mejora regulatoria y que las observaciones recibidas permitirán fortalecer la propuesta antes de su presentación como iniciativa de ley.
“El tema del Acuerdo de Escazú, que incluye la participación, no solo la transparencia y el acceso a la justicia, sino también la participación de todas y de todos, es parte de lo que se está impulsando en el proyecto de ley”.
Explicó que entre las modificaciones planteadas se encuentra la incorporación de la evaluación ambiental estratégica, mayores precisiones en los procedimientos de inspección y sanción, así como mecanismos de protección para defensores ambientales.
Por su parte, Marcos Alejandre Martínez Arana, representante del Centro de Estudios Jurídicos Ambientales Asociación Civil, reconoció que la iniciativa representa un esfuerzo importante para actualizar el marco jurídico ambiental mexicano, aunque consideró necesario fortalecer la precisión normativa para garantizar certeza jurídica.
“Nos preguntamos si los nuevos instrumentos jurídicos propuestos cuentan con el grado de precisión normativa necesario para cumplir eficazmente su finalidad y, al mismo tiempo, preservar la certeza jurídica que debe caracterizar toda actuación administrativa”.
Añadió que el proyecto requiere delimitar con claridad los alcances, procedimientos y mecanismos de control de los nuevos instrumentos ambiental.
Señaló que entre los temas prioritarios se encuentran la evaluación ambiental estratégica, las medidas preventivas, la valoración económica del daño ambiental y la protección a defensores del medio ambiente.
“Una medida preventiva no debe convertirse, por falta de limitación normativa, en una sanción anticipada. Por ello, consideramos conveniente que la iniciativa precise algunos elementos mínimos como que exista una motivación técnica suficiente, que la medida sea proporcional al riesgo identificado, que tenga una duración limitada y que exista la posibilidad de controvertirla”, concluyó.
