En el marco del foro “Rompiendo brechas: Igualdad sin discriminación”, la diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) y especialistas plantearon la necesidad de fortalecer la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para que la igualdad laboral, la inclusión y la no discriminación trasciendan el ámbito de las buenas prácticas y se conviertan en condiciones efectivas para las personas trabajadoras.
Resaltaron que, a más de una década de su entrada en vigor, se requiere revisar el alcance de la norma y discutir nuevas medidas que permitan garantizar su cumplimiento en los centros de trabajo, particularmente frente a las brechas de género, la discriminación por edad y la falta de conciliación entre la vida laboral y personal.
La diputada Marisela Zúñiga Cerón indicó que hablar del derecho al trabajo implica reconocerlo como un derecho humano, vinculado con la igualdad y la no discriminación.
Por ello, consideró necesario transitar de un modelo voluntario a uno de justicia real e incluyente que contemple mecanismos para sancionar a las empresas que obstaculicen o vulneren este derecho.
Refirió que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al primer semestre de 2026, la tasa de participación económica de las personas de 15 años y más fue de 45.2 por ciento para las mujeres, frente a 74.8 por ciento para los hombres, lo que representa una brecha de más de 28 puntos porcentuales.
Consideró que esta diferencia refleja que las oportunidades laborales no llegan por igual a todos los sectores y contribuye a perpetuar condiciones de desigualdad estructural y violencia económica contra las mujeres.
La legisladora explicó que la NMX-R-025-SCFI-2015 tiene como antecedente el Modelo de Equidad de Género implementado en 2003 y que posteriormente se fortaleció con la participación de instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Señaló que la actual norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2015 y entró en vigor el 18 de diciembre de ese mismo año.
“Debemos transitar de un modelo voluntario (…) hacia un modelo de justicia real incluyente y que incluso sancione a las empresas que obstaculicen y vulneren el derecho al trabajo”.
Al referirse a la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, Zúñiga Cerón resaltó que persiste una brecha significativa y advirtió que esta desigualdad contribuye a mantener condiciones de violencia económica, particularmente contra las mujeres.
“Estos datos reflejan una realidad alarmante en México: las oportunidades laborales no están llegando a todos los sectores, lo que perpetúa el ciclo o el círculo de violencia económica, desigualdad estructural, machismo y un control económico sobre las mujeres”.
Zúñiga Cerón anotó que desde su origen la norma se estableció bajo un esquema de certificación voluntaria para que los centros de trabajo, públicos, privados y sociales, implementaran prácticas de igualdad laboral y no discriminación.
Sin embargo, cuestionó que, al no existir una obligación para las empresas, el interés por obtener la certificación disminuyó con el paso de los años.
Entre las prácticas que contempla la norma mencionó los procesos de reclutamiento y capacitación, la igualdad de oportunidades, la medición del clima laboral, la igualdad salarial, el lenguaje incluyente, la flexibilidad de horarios y las licencias de maternidad y paternidad, además de las medidas de cuidado.
“Estos datos reflejan una realidad alarmante en México: las oportunidades laborales no están llegando a todos los sectores, lo que perpetúa el ciclo o el círculo de violencia económica, desigualdad estructural, machismo y un control económico sobre las mujeres”.
Zúñiga Cerón pidió abrir la discusión sobre el futuro de la norma y su posible obligatoriedad.
“¿Basta con que sea voluntaria esta norma o es momento de repensar los incentivos, la difusión y quizá la obligatoriedad de sus principios para que deje de ser un privilegio de unas cuantas empresas y se convierta en una realidad para millones de trabajadoras y trabajadores en México?”
En su oportunidad, Estefanía Jiménez Escobar, presidenta de la organización Juventudes en Movimiento, destacó que la NMX-R-025-SCFI-2015 debe entenderse como una herramienta para garantizar la igualdad laboral y la no discriminación, no únicamente como una medida dirigida a las mujeres y subrayó que su aplicación debe traducirse en prácticas cotidianas dentro de los centros de trabajo.
Solicitó reconocer las situaciones que constituyen violaciones a los derechos humanos. “La discriminación y la igualdad no se queden solamente como unos principios escritos, sino que se incorporen prácticas cotidianas”.
Señaló que la igualdad sustantiva es fundamental para eliminar las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y garantizar su acceso a las mismas oportunidades.
En este sentido, cuestionó las prácticas y prejuicios que todavía condicionan el acceso de las mujeres a empleos y puestos de responsabilidad por cuestiones relacionadas con la maternidad, los hijos o sus capacidades.
“La igualdad sustantiva es la que logra eliminar la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral”.
En tanto, la maestra Raquel Guzmán afirmó que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 debe trascender su carácter voluntario y convertirse en una herramienta efectiva para garantizar la igualdad y la no discriminación en los centros de trabajo.
Señaló que, aunque actualmente las instituciones y empresas pueden decidir si la aplican, es necesario que sus principios se traduzcan en condiciones laborales reales y no permanezcan únicamente como disposiciones escritas.
“Esta norma tiene que ser más allá que el papel, que sea real, que sea vivida, que sea trabajada”.
Subrayó que la certificación no debe reducirse a un reconocimiento colocado en las paredes de las instituciones, sino que debe reflejarse en acciones concretas que permitan a las personas desarrollarse plenamente en el ámbito laboral.
Advirtió que la falta de límites entre la vida laboral y personal, las extensas jornadas y la exclusión de mujeres y personas adultas mayores generan afectaciones que también repercuten en la salud mental de los trabajadores.
“La Norma 025 no solamente tiene que ser un premio, como un diploma que tiene que ser colgado en la pared en una institución donde dice certificada”, concluyó.
