La Ciudad de México ocupa la cuarta posición nacional en delitos cometidos por personas egresadas de los centros penitenciarios, con nueve mil 479 en 2022, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023.
Dicha cifra se traduce en que existe un 40% de reincidencia delictiva, lo cual se agrava porque según expertos, hay pocos programas dedicados a la reinserción social, además de que se dan privilegios ilegales para reos, como el uso de dispositivos móviles en las cárceles capitalinas, así como las denuncias que existen del maltrato ejercido por custodios y el poco presupuesto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) otorga al mantenimiento de los penales locales.
Por esta problemática, diputados del Congreso local buscan reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local para crear la Secretaría del Sistema Penitenciario y que las penitenciarías no sean las “nuevas escuelas del delito”, al tiempo que demandan que la reinserción social no esté condicionada a un “pobre presupuesto con instituciones débiles”.
Y es que los legisladores advierten que la capital del país es la tercera entidad con menos inversión pública en dicho sector, a pesar de contar con alrededor de 26 mil internos, ubicándose como el segundo estado con más personas en reclusión.
URGEN CREAR UNA SECRETARÍA
Olivia Garza de los Santos, diputada del PAN, presentó en octubre pasado una iniciativa para crear la Secretaría del Sistema Penitenciario, la cual contaría con presupuesto propio y personal especializado, concentrado en el trabajo de reinserción social y no en otros temas como el de la seguridad de la ciudad. Hasta el momento su propuesta no ha sido analizada.
Basta recordar que en 2022, se ejercieron cuatro mil millones 57 mil pesos a los reclusorios de la Ciudad de México, sin embargo, la bancada promovente de esta nueva Secretaría reclaman que es insuficiente ese dinero, así como las becas que otorga el Instituto de Reinserción Social, en los programas “Atención Prioritaria” e “Impulso Laboral”, en los cuales, se entregan kits con artículos de primera necesidad, tarjetas de Movilidad Integrada y se canalizan a expresidiarios a refugios y comedores comunitarios, con la finalidad de atender la dificultad que enfrentan las personas liberadas y preliberadas que se encontraban en situación de vulnerabilidad al salir de la cárcel.
Y es que actualmente, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario depende de la SSC, la cual, a decir de los panistas, únicamente centra sus esfuerzos en la vigilancia de la capital y no presta la atención necesaria a las personas privadas de la libertad.
OBJETIVOS PRIORITARIOS LIBRES
Otro problema que destaca la oposición legislativa, es que aunque el Instituto de Reinserción Social presume un incremento de presupuesto a su programa “Impulso Laboral”, el cual pasó de un millón 500 mil a tres millones de pesos, hay elementos prioritarios generadores de violencia, como “El Chori”, “El Huguito” y “El Monstruo de la Unión”, que logran salir en múltiples ocasiones de los reclusorios, sin que los Ministerios Públicos logren imputaciones relevantes, además, al abandonar la cárcel no son insertados a los programas de empleo que según las autoridades locales, “dan grandes resultados”, remarcaron.
“Lo que estamos buscando es una institución independiente, con presupuesto propio, con personal especializado, concentrado totalmente en el trabajo de reinserción social y no en otros temas como el de la seguridad de la ciudad”, apuntó Garza de los Santos.
